El proyecto de Inocencia Fiscal, impulsado por el Gobierno nacional, quedó listo para ser debatido mañana en la Cámara de Diputados, en la misma sesión en la que se votará el Presupuesto 2026. La medida busca modificar la lógica del sistema tributario argentino, simplificando procedimientos y otorgando mayor previsibilidad a los contribuyentes, al tiempo que abre un escenario de fuerte debate sobre el control fiscal y la evasión.
El oficialismo consiguió el apoyo de bloques aliados como PRO, UCR, MID y gobernadores de provincias como Salta, Tucumán, Misiones, San Juan y Catamarca, lo que garantiza que el proyecto obtenga la media sanción sin mayores obstáculos. Con 44 firmas respaldando el dictamen, la iniciativa llegará al recinto con un fuerte respaldo político.
El núcleo de la Inocencia Fiscal consiste en asumir que el contribuyente es inocente hasta que el fisco demuestre lo contrario, invirtiendo la lógica de control que se aplicó durante años en Argentina. La medida apunta a reducir la carga administrativa y a incentivar que personas y pequeñas empresas utilicen dólares atesorados, actualmente guardados bajo el cepo, para operaciones comerciales, compra de bienes registrables o transacciones corrientes.
Entre las modificaciones más relevantes, se reduce el plazo de prescripción del delito de evasión tributaria a tres años, limitando la capacidad de iniciar denuncias penales por parte del organismo recaudador, pero al mismo tiempo se incrementan las multas por incumplimiento. Además, se elevan los umbrales mínimos para tipificar delitos fiscales: la evasión simple sube de $1,5 millones a $100 millones, la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones, la evasión de Seguridad Social de $200 mil a $7 millones y el uso de facturas apócrifas también aumenta a $100 millones.
El Gobierno sostiene que estos cambios permitirán “descomprimir el sistema judicial” y enfocar los recursos del Estado en casos de evasión realmente significativos, eliminando decenas de causas actualmente abiertas que involucran montos menores.
El proyecto incluye, además, un régimen especial de Declaración Jurada Simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan ciertos requisitos de ingresos y patrimonio. Este sistema presume la exactitud de la declaración, salvo que se detecten discrepancias significativas, y otorga efectos liberatorios sobre el impuesto a las ganancias para los períodos involucrados, salvo casos de omisión grave o documentación falsa.
Desde la comisión de Legislación Penal, la titular del espacio, Laura Rodríguez Machado, destacó que la iniciativa busca dar previsibilidad y seguridad jurídica al contribuyente, evitando inspecciones y procesos penales constantes. Según su visión, durante años los ciudadanos fueron tratados como sospechosos permanentes, y con este proyecto se establece un nuevo marco en el que es el Estado quien debe demostrar irregularidades, no al revés.
La propuesta generó críticas desde sectores del peronismo, que advirtieron que la reforma podría alentar el uso de dinero no declarado y debilitar la capacidad de fiscalización sobre grandes contribuyentes. En este sentido, cuestionaron que la medida favorezca a quienes pueden planificar fiscalmente su patrimonio, mientras la mayoría de los contribuyentes sigue sujeta a los controles habituales.
En Salta, la medida adquiere particular relevancia: la provincia, que combina un fuerte sector productivo local con economías familiares y PYMES, podría ver cambios en la dinámica tributaria, especialmente en lo que respecta a la inversión de dólares atesorados y la simplificación de trámites para pequeños empresarios y comerciantes. La expectativa de empresarios locales es que la iniciativa reduzca la burocracia y permita un manejo más ágil de los recursos, aunque también se plantean dudas sobre la eficacia de los controles tributarios.
La sesión de mañana será clave no solo por el debate sobre el Presupuesto 2026, sino también por el impacto que la Inocencia Fiscal podría tener sobre el panorama económico y financiero del país y, de manera particular, de provincias como Salta, donde la recaudación y la formalización de la economía son temas sensibles. Mientras el Gobierno enfatiza la seguridad jurídica y la previsibilidad, los críticos alertan sobre riesgos de descontrol fiscal y posibles beneficios desproporcionados para sectores con alta capacidad de planificación financiera.
En términos prácticos, la reforma apunta a cambiar el día a día de los contribuyentes argentinos: menos inspecciones automáticas, mayores umbrales de punibilidad, reducción de prescripción y un régimen simplificado que promete alivio administrativo para quienes cumplan con las obligaciones formales. La discusión parlamentaria definirá si la iniciativa avanza tal como fue presentada o si se incorporan modificaciones para equilibrar incentivos y control fiscal.
Con la sesión programada para mañana, la atención estará centrada en cómo los legisladores, tanto nacionales como representantes de provincias como Salta, votarán sobre un proyecto que podría redefinir la relación entre Estado y contribuyente, mientras se busca fomentar la circulación de dólares atesorados y descomprimir el sistema judicial. La expectativa es que la medida reciba luz verde, pero los debates sobre fiscalización, evasión y equidad tributaria continuarán marcando la agenda política y económica en los próximos meses.
