La situación judicial de Milagro Sala atraviesa un nuevo momento de incertidumbre. La dirigente social jujeña, que desde 2023 cumple arresto domiciliario en una vivienda de la ciudad de La Plata por motivos de salud, enfrenta un pedido formal de desalojo luego del vencimiento del acuerdo que habilitaba su permanencia en el inmueble. El conflicto, que combina aspectos penales y civiles, abre un escenario delicado: sin una alternativa habitacional concreta, el régimen de detención podría quedar seriamente en riesgo.
El acuerdo de ocupación firmado entre las partes establecía una fecha límite para la desocupación de la vivienda, plazo que ya se cumplió. Sin embargo, Sala continúa en el lugar ante la imposibilidad de conseguir otro inmueble donde trasladarse. Los propietarios reclaman la restitución de la casa y sostienen que la situación actual les impide disponer libremente de su propiedad, incluso avanzar con su venta.
El problema central es la falta de opciones. Según trascendió, se evaluaron distintas alternativas de alquiler, pero ninguna prosperó. La exposición pública del caso y el peso político de la figura de Sala dificultan cualquier negociación, lo que deja el conflicto en un punto muerto: existe una orden de desocupación, pero no hay un destino viable para cumplir el arresto domiciliario.
Ante este escenario, los dueños de la vivienda buscaron que el Estado provincial intervenga para garantizar una solución habitacional que permita compatibilizar la medida judicial con sus derechos como propietarios. Hasta el momento, no hubo respuestas concretas ni avances que destraben la situación.
El reclamo llegó también a la Justicia. La presentación inicial para ejecutar el desalojo se realizó en el fuero Civil y Comercial de La Plata, pero allí se declaró la incompetencia. El argumento fue que no se trata de un conflicto locativo común, sino de un caso atravesado por una medida de ejecución penal. Por ese motivo, el expediente fue derivado al Juzgado de Ejecución Penal N°1 de La Plata, que ahora tiene la responsabilidad de resolver cómo proceder.
Desde la Justicia de Jujuy, donde se originan las causas penales contra Sala, se indicó que cualquier definición corresponde al juzgado bonaerense, dado que la dirigente cumple arresto domiciliario en ese territorio. De este modo, el conflicto quedó plenamente instalado en el ámbito penal.
La situación de Sala en la vivienda es considerada una forma de “internación domiciliaria”, autorizada por razones médicas y en un contexto de fuertes cuestionamientos sobre sus condiciones de detención. El vencimiento del acuerdo de ocupación reabrió un debate complejo: cómo garantizar el cumplimiento del arresto domiciliario sin vulnerar los derechos de terceros.
La falta de un domicilio alternativo no es un detalle menor. Sin un lugar válido donde cumplir la medida, la posibilidad de que el arresto domiciliario sea revisado o incluso revocado deja de ser una hipótesis lejana. El escenario preocupa a su entorno y suma presión sobre un expediente que ya carga con un fuerte peso político y simbólico.
A casi diez años de su detención, el caso de Milagro Sala vuelve a quedar atravesado por una definición clave. El juez deberá decidir si habilita el desalojo, si concede un plazo excepcional, si ordena al Estado arbitrar una solución habitacional o si establece alguna medida alternativa que permita sostener el beneficio judicial.
Mientras tanto, el reloj avanza. El acuerdo ya venció, los propietarios reclaman su vivienda y el arresto domiciliario de la dirigente se mantiene en una situación cada vez más frágil, a la espera de una resolución que evite un nuevo giro en una causa que nunca logra cerrarse.
