La asunción de Iván Rodríguez como procurador penitenciario adjunto quedó en suspenso mientras se define si enfrentará un jury de enjuiciamiento por su actuación como fiscal en una causa que hoy vuelve a estar bajo la lupa. La situación se da en medio de la conmoción generada por el femicidio de Agostina Vega y las críticas por decisiones judiciales tomadas meses antes del crimen.
Rodríguez había sido designado para ocupar el nuevo cargo el 30 de diciembre de 2025 y tenía previsto asumir a comienzos de junio. Sin embargo, el proceso quedó paralizado luego de que trascendiera que fue el funcionario judicial que dispuso la liberación de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de la adolescente.
La medida adoptada por el fiscal ocurrió en mayo de 2025, en el marco de una causa por privación ilegítima de la libertad. En ese expediente, Barrelier permaneció detenido durante casi 20 días hasta que accedió a la libertad tras el pago de una fianza.
La decisión volvió a ser objeto de cuestionamientos luego de conocerse los detalles del caso Agostina. A partir de entonces, distintos sectores comenzaron a exigir explicaciones sobre el desempeño de los funcionarios que intervinieron en investigaciones previas vinculadas al acusado.
En ese contexto, la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento deberá analizar los pedidos presentados contra Rodríguez y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con un proceso formal por presunto mal desempeño de sus funciones. Hasta que esa situación se resuelva, la designación del fiscal para su nuevo cargo permanece sin avances.
Los cuestionamientos no se limitan únicamente a la liberación de Barrelier. Entre los argumentos expuestos en las presentaciones también figuran supuestas demoras en el tratamiento de expedientes y presuntas irregularidades en la tramitación de causas judiciales.
A las críticas se suman antecedentes vinculados a la investigación por privación ilegítima de la libertad. Según trascendió, la denunciante de ese caso había manifestado públicamente su preocupación por la falta de avances en el expediente durante un extenso período de tiempo, una situación que también fue incorporada al debate sobre la actuación de los fiscales intervinientes.
En paralelo, crece la presión para que se revisen las decisiones adoptadas en causas sensibles y se determine si existieron responsabilidades funcionales que hayan afectado el desarrollo de las investigaciones. El objetivo de los pedidos de jury es establecer si hubo negligencia grave, morosidad o incumplimientos en el ejercicio de las funciones judiciales.
A casi un mes del femicidio que conmocionó a Córdoba, ya son tres los pedidos formales impulsados para que Rodríguez y el fiscal Raúl Garzón sean sometidos a un proceso de enjuiciamiento. La resolución que adopte la comisión será determinante no solo para el futuro de ambos funcionarios, sino también para la continuidad de la designación que mantenía a Rodríguez a un paso de asumir un nuevo cargo dentro del sistema penitenciario provincial.
Mientras tanto, el expediente continúa sumando repercusiones y mantiene la atención puesta sobre el accionar de la Justicia en uno de los casos más sensibles de los últimos meses.
