El Gobierno nacional apeló la medida cautelar que obliga al PAMI y al programa Incluir Salud a regularizar pagos adeudados a prestadores que trabajan con personas con discapacidad. La resolución había sido dictada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien fijó un plazo máximo de 72 horas para avanzar con los pagos pendientes.
A pesar de la apelación presentada por el Ejecutivo, la cautelar seguirá vigente hasta que la Cámara Federal resuelva de manera definitiva sobre el expediente. El recurso fue concedido con efecto devolutivo, por lo que la orden judicial continúa en marcha.
La causa se originó tras un amparo colectivo impulsado por organizaciones y centros terapéuticos que denunciaron atrasos en los pagos y advirtieron sobre las consecuencias que esto genera en la atención de personas con discapacidad. Entre los principales reclamos aparecen interrupciones en terapias, dificultades para acceder a medicamentos y complicaciones en la continuidad de tratamientos.
En su resolución, el magistrado sostuvo que el Estado mantiene una demora en el cumplimiento de sus obligaciones y remarcó que existe un riesgo concreto para pacientes que dependen de prestaciones esenciales. También señaló que las demoras se vienen repitiendo desde hace tiempo y afectan directamente a instituciones, profesionales y familias.
La cautelar ordena al PAMI y al Ministerio de Salud adoptar las medidas necesarias para evitar nuevas interrupciones o dilaciones en los pagos. El objetivo es garantizar la continuidad de servicios vinculados a discapacidad, rehabilitación y asistencia médica.
Desde el área de Salud nacional argumentaron que las demoras responden a un proceso de reorganización administrativa dentro del programa Incluir Salud. Según explicaron, la incorporación del sistema a la estructura de la administración pública nacional generó retrasos en las primeras etapas de tramitación y autorización de pagos.
Además, el Gobierno sostuvo que el reordenamiento busca corregir irregularidades acumuladas y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Sin embargo, las entidades que impulsaron el amparo aseguran que la situación ya impacta de manera directa en la atención cotidiana de miles de pacientes.
Prestadores vinculados a discapacidad vienen advirtiendo desde hace meses sobre la crisis financiera que atraviesa el sector. Muchas instituciones aseguran que trabajan con pagos atrasados, dificultades para afrontar salarios y problemas para sostener tratamientos prolongados.
El conflicto también volvió a poner en debate el funcionamiento de programas nacionales de cobertura médica y asistencia social, especialmente en áreas sensibles como discapacidad, rehabilitación y atención integral. Mientras tanto, la definición quedará ahora en manos de la Cámara Federal, que deberá resolver si mantiene o modifica la cautelar dictada por el juez cordobés.
