El Gobierno nacional apeló el fallo judicial que había declarado la nulidad del protocolo antipiquetes y confirmó que la medida quedó en suspenso hasta que se pronuncie la Cámara correspondiente. De esta manera, la normativa impulsada por el Ministerio de Seguridad continúa vigente y puede seguir aplicándose en todo el país, según informó oficialmente la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.
Desde el Ejecutivo explicaron que el juzgado concedió el recurso presentado “con ambos efectos”, lo que implica que la sentencia del juez federal Martín Cormick no tiene aplicación inmediata. En ese marco, remarcaron que el protocolo de actuación frente a cortes de calles y rutas sigue siendo una herramienta válida para las fuerzas de seguridad federales mientras avanza el proceso judicial.
La decisión judicial que había generado el conflicto se originó a partir de un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que cuestionó la constitucionalidad del protocolo antipiquetes, formalizado mediante la Resolución 943/23. El juez Cormick había hecho lugar a ese planteo y declarado la nulidad de la norma por considerar que no cumplía con los requisitos legales para ser considerada un acto administrativo válido.
Sin embargo, la apelación presentada por el Gobierno nacional frenó los efectos de ese fallo en menos de 24 horas. Desde el Ministerio de Seguridad insistieron en que la normativa cuenta con sustento técnico, jurídico y operativo, y reafirmaron la decisión política de sostener su aplicación como parte de la estrategia de orden público.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, la ministra Monteoliva aseguró que la Justicia concedió el recurso presentado por el Ejecutivo y ratificó que el protocolo sigue plenamente vigente. En la misma línea, sostuvo que el Gobierno no dará marcha atrás en la implementación de la medida y que el objetivo central es garantizar la libre circulación y el orden en el espacio público.
El protocolo antipiquetes fue diseñado para establecer criterios claros de intervención de las fuerzas de seguridad frente a manifestaciones que impliquen cortes totales de calles o rutas. Desde su implementación, generó fuertes debates en el ámbito político, judicial y social, con posiciones encontradas sobre su legalidad y su impacto en el derecho a la protesta.
En su fallo original, el juez Cormick había señalado que la resolución presentaba una “ilegitimidad manifiesta” y que carecía de elementos esenciales exigidos por la ley de procedimientos administrativos. Además, indicó que las personas que se consideraran afectadas por la aplicación del protocolo podían realizar denuncias individuales ante la Justicia Penal, para que se evaluara la actuación de las fuerzas de seguridad en cada caso concreto.
Tras conocerse esa resolución, el Gobierno nacional adelantó de inmediato que apelaría la decisión, al considerar que se trataba de un avance judicial sobre una política pública central en materia de seguridad. Desde el oficialismo interpretaron el fallo como un intento de limitar una herramienta que, según sostienen, permitió reducir bloqueos y garantizar derechos básicos de circulación en distintos puntos del país.
En ese sentido, el Ministerio de Seguridad volvió a plantear que el protocolo antipiquetes busca equilibrar el derecho a la protesta con los derechos de quienes no participan de las manifestaciones, y evitar situaciones de desorden que afecten la vida cotidiana, el trabajo y el funcionamiento de servicios esenciales.
Mientras la Cámara analiza la apelación, el escenario queda abierto y el debate sigue vigente. Por un lado, organizaciones de derechos humanos mantienen sus cuestionamientos a la normativa y anticipan que continuarán con acciones judiciales. Por otro, el Gobierno ratifica su postura de sostener el protocolo como una política de Estado en materia de seguridad y orden público.
La resolución final del conflicto dependerá ahora de lo que determine la Justicia en las próximas instancias. Hasta entonces, el Ejecutivo dejó en claro que el protocolo antipiquetes seguirá siendo aplicado en todo el territorio nacional, en línea con la estrategia de seguridad definida por la actual gestión.
