El Gobierno nacional confirmó que este jueves activará el protocolo antipiquetes durante la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), en rechazo al proyecto de reforma laboral que comenzó a debatirse en el Congreso. La decisión apunta a evitar bloqueos de calles y avenidas en una jornada que se prevé tensa, con una convocatoria amplia de sindicatos y organizaciones gremiales.
La protesta está prevista para comenzar alrededor de las 15 y tendrá como destino la Plaza de Mayo. Desde el Ministerio de Seguridad adelantaron que el operativo será similar al aplicado en manifestaciones recientes y que el objetivo central será garantizar el orden público y la libre circulación, sin impedir el derecho a manifestarse. El despliegue incluirá controles previos, seguimiento de columnas y una estrategia de encapsulamiento para evitar cortes totales.
Desde el Ejecutivo se buscó bajar el tono a la convocatoria sindical y se remarcó que, por el momento, no se detectaron situaciones fuera de lo habitual. Según se informó, el Gobierno cuenta con sistemas de alerta temprana y mecanismos de monitoreo que permiten anticipar escenarios de riesgo y coordinar acciones entre las fuerzas federales y las autoridades locales.
La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei se convirtió en uno de los ejes más sensibles de la agenda política. El proyecto propone cambios en el régimen laboral con el argumento de modernizar el sistema, incentivar el empleo formal y reducir costos para las empresas. Sin embargo, el movimiento obrero considera que las modificaciones implican una pérdida de derechos y un debilitamiento de las herramientas de negociación colectiva.
La CGT resolvió avanzar con la movilización tras una reunión de su conducción, en la que se analizó el impacto del proyecto y la situación económica general. Si bien la iniciativa no introduce cambios profundos en el rol institucional de los sindicatos ni en sus mecanismos de financiamiento, la central obrera sostiene que el conjunto de medidas afecta la estabilidad laboral y el poder adquisitivo de los trabajadores.
A la convocatoria se sumaron ATE y sectores de la CTA, que además anunciaron un paro nacional para la misma jornada. Entre los principales reclamos figuran la reapertura inmediata de paritarias para recomponer salarios frente a la inflación y el rechazo a la intención del Ejecutivo de avanzar con un recorte del 10% en la planta estatal.
El anuncio del operativo de seguridad volvió a instalar el debate sobre los límites de la protesta social y el rol del Estado en el control del espacio público. Desde el Gobierno insisten en que no se busca criminalizar la manifestación, sino ordenar las movilizaciones y evitar que se afecte a quienes no participan de las protestas. En ese marco, se defendió el accionar policial en marchas anteriores, incluso en casos que generaron polémica por personas heridas durante los operativos.
Diciembre suele ser un mes cargado de conflictividad social en la Argentina, y el actual contexto económico suma presión al escenario. La inflación, la pérdida del poder adquisitivo y el ajuste fiscal profundizan el malestar en amplios sectores, mientras el Gobierno apuesta a sostener su programa de reformas y mostrar firmeza en materia de seguridad.
La marcha de este jueves será una nueva prueba de fuerza entre el Ejecutivo y el movimiento sindical. Para el oficialismo, el desafío pasa por aplicar el protocolo antipiquetes sin incidentes y sostener el rumbo político. Para los gremios, la movilización busca marcar límites y visibilizar el rechazo a una reforma que consideran regresiva.
Más allá del desarrollo puntual de la protesta, el trasfondo es un debate de fondo sobre el modelo laboral y económico que se discute en el Congreso. El resultado de esa pulseada tendrá impacto directo en el mundo del trabajo y marcará el clima político y social de las próximas semanas.
