El Gobierno nacional anunció que avanzará con un endurecimiento de las penas para quienes provoquen incendios forestales, tanto de manera intencional como por negligencia. La iniciativa forma parte de la reforma del Código Penal y apunta a reforzar las sanciones frente a un problema ambiental que se repite año tras año en distintos puntos del país, con consecuencias cada vez más graves.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue la encargada de comunicar la decisión y dejó un mensaje contundente: provocar fuego no será considerado un hecho fortuito ni un descuido menor. Desde la mirada oficial, se trata de una conducta delictiva que debe tener una respuesta penal acorde al daño que genera sobre el ambiente, la biodiversidad y las comunidades afectadas.
Según explicó la funcionaria, el 95% de los incendios registrados en el país son consecuencia directa de la acción humana. Esto incluye tanto los fuegos iniciados de manera deliberada como aquellos originados por imprudencias, quemas mal controladas o incumplimiento de normativas vigentes. En ese marco, el Gobierno busca cerrar el margen de impunidad y avanzar sobre un esquema de sanciones más severas.
La propuesta se inscribe dentro de una política más amplia de protección ambiental y de fortalecimiento del rol del Estado frente a delitos que impactan sobre bienes colectivos. Bosques nativos, parques nacionales y áreas protegidas aparecen entre los espacios más vulnerables, no solo por las pérdidas materiales inmediatas, sino también por el daño a largo plazo que dejan los incendios sobre los ecosistemas.
Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que no habrá lugar para justificaciones cuando se compruebe la responsabilidad humana en el inicio de un foco ígneo. La intención es que la legislación penal contemple de manera explícita este tipo de conductas y establezca penas acordes a la magnitud del perjuicio ambiental, social y económico que provocan.
El anuncio se da en un contexto marcado por incendios activos en distintas regiones del país, con especial preocupación en zonas de alto valor ecológico. En áreas cordilleranas, brigadistas y equipos de emergencia continúan desplegados para contener el avance del fuego, realizar tareas de enfriamiento y evitar la reactivación de focos en sectores sensibles.
El endurecimiento de las penas busca, además, funcionar como una herramienta disuasiva. Desde el Ejecutivo consideran que la falta de sanciones ejemplares favoreció históricamente la repetición de estas prácticas, muchas veces vinculadas a intereses económicos, cambios en el uso del suelo o actividades productivas mal reguladas.
En paralelo, el Gobierno sostiene que la respuesta al problema de los incendios no puede limitarse únicamente al combate del fuego. La prevención, el control y la sanción penal aparecen como ejes complementarios de una misma estrategia. En ese sentido, la reforma del Código Penal apunta a actualizar un marco normativo que, según la mirada oficial, quedó desfasado frente a la magnitud actual del daño ambiental.
La discusión sobre los incendios forestales volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública, impulsada por la recurrencia de episodios extremos y por el impacto que tienen sobre comunidades enteras, actividades productivas y recursos naturales estratégicos. A esto se suma el efecto del cambio climático, que agrava las condiciones para la propagación del fuego y reduce los márgenes de respuesta.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca enviar una señal política clara: provocar incendios tendrá consecuencias penales más duras. La reforma todavía debe avanzar por los canales legislativos correspondientes, pero desde el Ejecutivo aseguran que el rumbo está definido y que la protección del ambiente será un eje central del nuevo esquema legal.
