El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y dispuso que todas sus funciones pasen a depender del Ministerio de Salud, en el marco de un proceso de reorganización del Estado que apunta a reducir estructuras, corregir irregularidades administrativas y fortalecer los mecanismos de control. La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien remarcó que la medida no implica recortes en pensiones ni en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
El cierre de la ANDIS se concretó luego de semanas de cuestionamientos internos y denuncias por desmanejos detectados en el organismo. Según explicó el Gobierno, la determinación venía siendo evaluada desde hace tiempo, a partir de auditorías que revelaron fallas graves en la administración, superposición de funciones y falta de controles efectivos sobre el otorgamiento de beneficios y la ejecución de fondos públicos.
Con el traspaso, el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, absorberá de manera integral las políticas públicas vinculadas a la discapacidad, bajo una estructura centralizada que, según el Ejecutivo, permitirá unificar criterios sanitarios, presupuestarios y administrativos. En ese esquema, Alejandro Vilches, quien se desempeñaba como interventor, asumirá como secretario dentro de la cartera sanitaria.
Desde el Gobierno sostienen que la ANDIS, creada en 2017 como un organismo descentralizado, fue acumulando con el paso de los años una estructura sobredimensionada y poco eficiente. La autonomía administrativa, explicaron, derivó en capas burocráticas excesivas y en prácticas incompatibles con estándares mínimos de transparencia y control. Ese escenario, indicaron, terminó afectando el correcto funcionamiento de las políticas destinadas a personas con discapacidad.
Entre las irregularidades detectadas se mencionaron pensiones que continuaban siendo cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin la documentación correspondiente, avales médicos sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios que nunca se prestaban. En algunos casos, las inspecciones constataron que entidades que declaraban actividades de apoyo educativo o asistencia no contaban siquiera con instalaciones adecuadas para funcionar.
El reordenamiento impulsado por el Ejecutivo incluye una fuerte reducción de la estructura jerárquica. De acuerdo con los datos oficiales, se eliminarán 16 cargos políticos, lo que representa una baja del 45,7% en los niveles de conducción. El Gobierno considera que este recorte permitirá agilizar la toma de decisiones y disminuir el gasto administrativo sin afectar la atención a los beneficiarios.
Uno de los puntos que el Ejecutivo buscó aclarar desde el inicio es que la disolución de la ANDIS no supone la eliminación de derechos adquiridos. Las pensiones por discapacidad y las prestaciones vigentes continuarán pagándose con normalidad y bajo los mismos criterios, aunque ahora estarán sujetas a controles más estrictos y a auditorías permanentes.
En ese sentido, desde la Casa Rosada insistieron en que el objetivo central es ordenar el sistema y garantizar que los recursos públicos lleguen efectivamente a quienes los necesitan. La incorporación de las políticas de discapacidad al Ministerio de Salud permitirá, según remarcan, aplicar criterios sanitarios claros en cada decisión, asegurar la trazabilidad de los expedientes y reducir la discrecionalidad en el otorgamiento de beneficios.
El traspaso también busca eliminar superposiciones entre áreas del Estado y concentrar en una sola cartera la planificación, ejecución y control de las políticas vinculadas a la discapacidad. Para el Gobierno, la fragmentación administrativa había generado ineficiencias, demoras en los trámites y una falta de coordinación que terminaba perjudicando tanto a los beneficiarios como a los equipos técnicos.
Desde el ámbito sanitario, destacan que la integración de estas funciones permitirá fortalecer el trabajo de los profesionales de la salud y mejorar la calidad de la atención brindada a las personas con discapacidad y sus familias. La centralización, afirman, facilitará el cruce de información, el seguimiento de casos y la evaluación periódica de las prestaciones.
El cierre de la ANDIS se inscribe en una política más amplia de reordenamiento institucional que el Gobierno viene impulsando desde el inicio de su gestión. La revisión de organismos descentralizados y la reducción de estructuras administrativas forman parte de una estrategia que busca achicar el Estado, optimizar el uso de los recursos públicos y reforzar los controles internos.
En ese marco, el Ejecutivo considera que la reorganización del área de discapacidad es una condición necesaria para garantizar que las políticas públicas cumplan efectivamente su finalidad sanitaria y social. Aseguran que la prioridad seguirá siendo la protección de los derechos de las personas con discapacidad, pero bajo un esquema más transparente, eficiente y sostenible en el tiempo.
Con la disolución de la ANDIS, el Gobierno apuesta a dejar atrás un modelo que, según su diagnóstico, se había vuelto opaco y poco confiable, y avanzar hacia una administración integrada al sistema de salud, con reglas claras, auditorías constantes y un uso más responsable de los fondos del Estado.
