El Gobierno nacional presentó el informe final del Consejo de Mayo, el espacio que durante meses reunió a representantes del Ejecutivo, el sector privado, la CGT y miembros del Congreso para delinear una agenda de reformas estructurales. Con este paso, la Casa Rosada dio por terminada la etapa técnica del proceso y confirmó que enviará al Parlamento una batería de proyectos que apuntan a actualizar el marco laboral, simplificar el esquema fiscal y reforzar la protección de la propiedad privada.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó la conferencia en la que se anunció la finalización del documento, elaborado tras semanas de reuniones en distintas mesas de trabajo. Según explicó, el Consejo logró avanzar en ocho de los diez puntos acordados al inicio. Quedaron fuera la reforma previsional —postergada hasta que se actualice el sistema laboral— y la discusión sobre la coparticipación, que no pudo avanzar por la ausencia de algunos gobernadores.
El encuentro de cierre se realizó en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, con la participación de cinco de los seis consejeros: Federico Sturzenegger, Alfredo Cornejo, Carolina Losada, Cristian Ritondo y Martín Rappallini. Allí se terminó de reunir todo el material que acompañará la elevación de los proyectos al Congreso, incluidos los textos legales preliminares y los documentos técnicos producidos por cada mesa.
En materia laboral, el informe reúne las propuestas elaboradas entre julio y noviembre por la Mesa Técnica de Reforma Laboral, enfocada en reducir las rigideces del sistema actual. El paquete contempla la actualización del régimen de vacaciones, cambios en indemnizaciones, modalidades de contratación más claras y mecanismos para facilitar la formalización del empleo. También se incorporan incentivos para el empleo registrado y herramientas específicas para pymes.
Otro bloque relevante del documento está dedicado a la propiedad privada. El Gobierno propone ajustar la Ley de Expropiaciones, agilizar los procedimientos de desalojos, modificar la Ley de Tierras y actualizar la Ley de Manejo del Fuego. El objetivo es unificar criterios, hacer más claros los procesos de indemnización y brindar mayor seguridad jurídica para las inversiones productivas.
El capítulo fiscal plantea un compromiso firme con el equilibrio de las cuentas públicas. El Consejo propone crear una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que obligue a presentar presupuestos equilibrados o con superávit y limite prácticas como la emisión sin respaldo o el gasto sin financiamiento. Junto a esto, se anticipa una reestructuración impositiva destinada a simplificar el sistema y hacerlo más previsible.
Adorni destacó que todos los documentos, incluso aquellos que no fueron incorporados al informe final, quedarán publicados en la web oficial para asegurar transparencia. Ahora, el foco se traslada al Congreso, donde el Gobierno espera que la agenda elaborada durante estos meses sirva de base para un debate legislativo intenso pero decisivo para el rumbo económico del país.
