La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni dio un giro judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que, con las pruebas reunidas hasta el momento, no existen elementos suficientes para sostener que el exjefe de Gabinete se enriqueció ilícitamente mientras ocupaba un cargo en el Gobierno nacional. Por ese motivo, solicitó que la causa deje de tramitar bajo esa figura penal y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar una posible evasión impositiva.
La decisión no significa que Adorni haya sido sobreseído ni que la investigación haya terminado. Por el contrario, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que todavía existen aspectos de su situación patrimonial que deben ser examinados, particularmente por la posible existencia de ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales que no habrían sido declarados ante los organismos tributarios.
El planteo fue presentado en una causa que se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y cuya resolución deberá ser evaluada por el juez federal Ariel Lijo.
La investigación analizó los movimientos económicos y patrimoniales del entonces funcionario durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. El objetivo era determinar si había registrado un crecimiento patrimonial injustificado durante el ejercicio de sus responsabilidades dentro del Estado.
Uno de los puntos centrales del expediente fue la diferencia detectada entre los ingresos que pudieron ser acreditados y los gastos, adquisiciones y obligaciones financieras registrados durante el período investigado.
De acuerdo con el análisis fiscal, las erogaciones identificadas alcanzaron los 402.578,12 dólares, de los cuales 374.081,66 dólares habrían sido abonados en efectivo. Además, se detectó una diferencia de 43.068.549 pesos entre los ingresos considerados legítimos y los gastos realizados, las compras y la cancelación de deudas.
Entre las operaciones examinadas aparecen la adquisición de un terreno en el country Indio Cuá, trabajos de remodelación, compra de mobiliario, gastos relacionados con la escritura de una propiedad ubicada en la calle Miró y distintos desembolsos vinculados con viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares.
Los investigadores también pusieron la atención sobre la modalidad de pago de algunas de esas operaciones. Según los elementos incorporados al expediente, parte de los desembolsos se habría realizado en efectivo, fuera del circuito bancario tradicional o mediante la intervención de terceras personas.
La explicación de Adorni sobre sus inversiones en Bitcoin
Frente a las observaciones sobre su patrimonio, Adorni presentó un descargo en el que explicó que una parte importante de los fondos cuestionados tendría origen en inversiones realizadas años antes de su incorporación al Gobierno nacional.
La defensa sostuvo que entre 2014 y 2018 el exfuncionario realizó operaciones con criptomonedas, particularmente Bitcoin, utilizando ocho direcciones de autocustodia. Según esa explicación, las inversiones iniciales habrían alcanzado aproximadamente los 200.000 dólares.
Posteriormente, la liquidación de esos activos digitales habría generado ingresos por 591.544,61 dólares, dinero que, de acuerdo con la versión presentada por sus abogados, fue conservado en efectivo.
Esta explicación resultó determinante para el análisis de la Fiscalía. Pollicita consideró que los elementos reunidos durante la investigación no permitieron descartar que el origen del capital cuestionado fuera anterior a la llegada de Adorni a la función pública, en diciembre de 2023.
En ese sentido, el fiscal entendió que no se logró demostrar que el incremento patrimonial investigado estuviera relacionado con el ejercicio de su cargo, ni que los fondos provinieran de un beneficio obtenido mediante alguna actuación funcional.
Por qué no se sostiene la figura de enriquecimiento ilícito
Uno de los aspectos jurídicos centrales del dictamen está relacionado con los requisitos que establece la legislación argentina para configurar el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
Para que exista este delito no alcanza con detectar gastos elevados, diferencias patrimoniales o movimientos de dinero que generen interrogantes. Es necesario acreditar un incremento patrimonial apreciable e injustificado producido durante el ejercicio de la función pública, en los términos que establece la normativa penal.
En el caso de Adorni, la defensa ubicó el origen de una parte sustancial de los fondos en operaciones con criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018, varios años antes de su ingreso al Poder Ejecutivo.
La Fiscalía consideró que esa hipótesis no pudo ser refutada con las pruebas disponibles. Tampoco encontró elementos que permitieran vincular el dinero investigado con un acto propio de la función pública, una contraprestación o una fuente ilícita relacionada con el cargo que desempeñaba.
Por ese motivo, Pollicita entendió que no estaban dadas las condiciones probatorias para continuar sosteniendo la acusación por enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, el análisis sobre el origen de los fondos no agotó las posibles irregularidades. Para el fiscal, todavía corresponde determinar si existieron incumplimientos de las obligaciones tributarias y si determinados ingresos o activos fueron omitidos en las declaraciones correspondientes.
La causa podría continuar en el fuero Penal Económico
El pedido de Pollicita apunta a que la investigación sea remitida a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde se podría profundizar el análisis sobre una eventual evasión impositiva.
La diferencia entre ambas hipótesis es importante: mientras que el enriquecimiento ilícito busca establecer si un funcionario aumentó injustificadamente su patrimonio durante el ejercicio de un cargo público, una investigación por evasión tributaria apunta a determinar si existieron maniobras para ocultar ingresos, bienes o activos y evitar el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Por ahora, el planteo del fiscal deberá ser analizado por el juez Ariel Lijo, quien tendrá que resolver si corresponde modificar el enfoque de la investigación y avanzar con la remisión del expediente al fuero especializado.
De esta manera, el dictamen introduce un cambio significativo en una de las investigaciones patrimoniales que involucran a un exintegrante del Gobierno nacional. Aunque la Fiscalía consideró que no hay pruebas suficientes para sostener el enriquecimiento ilícito durante su paso por el Estado, dejó abierta la posibilidad de que existan responsabilidades vinculadas con el cumplimiento de sus obligaciones impositivas.
La resolución definitiva sobre el rumbo de la causa todavía está pendiente y, hasta que exista una decisión judicial, las posibles irregularidades tributarias continúan bajo análisis.
