El Gobierno nacional, bajo la gestión de Javier Milei, pone en marcha la segunda etapa de su plan de ajuste estatal, con la meta de reducir un 10% la planta de trabajadores públicos durante el primer semestre de 2026. El enfoque estará puesto en organismos descentralizados, empresas estatales y medios públicos, replicando el esquema de “motosierra” que ya en los últimos dos años dejó más de 51.000 despidos.
El proceso estará coordinado por la Jefatura de Gabinete, liderada por Manuel Adorni, y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Según fuentes oficiales, la medida apunta a hacer más eficiente al Estado, eliminando duplicidades y áreas consideradas prescindibles.
En números, la administración pública nacional contaba con 285.570 trabajadores en octubre de 2025, incluyendo empresas y sociedades estatales. Con el nuevo ajuste, se proyecta la eliminación de alrededor de 28.000 puestos de trabajo. La mayor parte de los recortes se concentrará en organismos descentralizados como Conicet, Anses, Indec, Afip, Inta, Inti, Enacom, Enre, Coneau, Arca, Archivo General de la Nación y Conadis.
El mecanismo para avanzar con la reducción incluye despidos, no renovación de contratos y cierre de áreas. Muchos de los contratos afectados expirarán en diciembre y no serán renovados, lo que permitirá que el ajuste se ejecute de manera inmediata y sin mayores trámites burocráticos.
En el caso de los medios públicos, como la Televisión Pública y Radio Nacional, se implementará un plan de retiros voluntarios que reducirá significativamente la plantilla, actualmente de unos 2.500 empleados. La intención es mantener el funcionamiento de estos medios con estructuras más reducidas y eficientes.
El ajuste también prevé cambios en las contrataciones: el proyecto de Presupuesto 2026 establece que cualquier vacante deberá ser autorizada previamente por la Jefatura de Gabinete, buscando limitar el crecimiento de la planta estatal y consolidar la reducción de personal.
Desde la perspectiva histórica, los primeros recortes se enfocaron en la estructura centralizada del Estado y en empresas estatales que podrían privatizarse. Ahora, con el foco puesto en organismos descentralizados, se espera que el impacto alcance también registros de automotores y otros entes del interior del país, incluyendo provincias como Salta, donde la reducción de personal afectará algunas oficinas locales y dependencias públicas.
Especialistas en gestión pública advierten que la medida podría generar tensiones en distintos sectores, especialmente en áreas clave de investigación y asistencia social, donde la duplicación de funciones no siempre es evidente y la pérdida de personal puede ralentizar trámites y servicios.
El plan, según los voceros del Gobierno, se extenderá desde el próximo mes hasta junio de 2026, siguiendo un calendario de vencimiento de contratos y revisiones internas. La idea es que la reducción de personal sea gradual, pero significativa, logrando una baja de alrededor del 10% de la plantilla estatal sin afectar la operatividad de los organismos más críticos.
Desde Salta, distintos referentes provinciales se muestran atentos a cómo se aplicarán los recortes en oficinas locales de organismos como Anses y Afip, que cumplen un rol central en la atención de los ciudadanos. La preocupación es que, ante la falta de personal, aumenten los tiempos de espera y se complique la prestación de servicios esenciales, especialmente en localidades del interior de la provincia.
El Gobierno defiende la medida como parte de una estrategia de “Estado más chico y eficiente”, que busca recortar gastos y eliminar estructuras burocráticas innecesarias. Sin embargo, la oposición y algunos analistas advierten sobre el riesgo de afectar la calidad de los servicios públicos y de generar un impacto social directo en trabajadores y comunidades.
Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027, el Ejecutivo intenta implementar los recortes antes de iniciar la campaña, reforzando su mensaje de reducción del Estado como bandera política. En este contexto, la “segunda motosierra” aparece como una medida central en la estrategia de Milei para consolidar su gestión y mostrar resultados concretos en términos de eficiencia y reducción del gasto público.
En paralelo, la reducción de personal también afectará a los organismos de investigación y desarrollo, donde los recortes pueden retrasar proyectos de innovación y asistencia técnica. Especialmente en provincias como Salta, que dependen de oficinas locales de entidades como el Inta y el Inti, estas medidas podrían tener un efecto directo en programas agrícolas, tecnológicos y de capacitación.
En definitiva, el nuevo plan de ajuste estatal promete ser una de las iniciativas más significativas de la gestión de Milei, marcando un antes y un después en la estructura del Estado argentino. La combinación de despidos, no renovación de contratos, retiros voluntarios y cambios en el régimen de contrataciones apunta a un recorte profundo que tocará todas las áreas del Estado, con repercusiones tanto en la Capital Federal como en provincias como Salta.
