El Gobierno nacional le bajó el tono a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto de reforma laboral y aseguró que se trató de “un día normal” en términos de funcionamiento institucional. Mientras miles de manifestantes se concentraban en las inmediaciones de Plaza de Mayo, el presidente Javier Milei y su equipo siguieron de cerca el desarrollo de la protesta, aunque sin otorgarle mayor relevancia política.
Desde temprano, las columnas sindicales comenzaron a llegar al centro porteño para expresar su rechazo a la iniciativa oficial, uno de los ejes centrales del programa de transformación que impulsa la administración libertaria. La convocatoria formal estaba prevista para media tarde, pero desde el mediodía ya se registraba movimiento de gremios, organizaciones sociales y partidos de izquierda, que desplegaron banderas, bombos y consignas contra el proyecto que busca modificar las reglas del mercado laboral.
En paralelo, el Ejecutivo activó un amplio operativo de seguridad en torno a la Casa Rosada y zonas aledañas, con controles de acceso, vallados y presencia de fuerzas federales. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, siguió el minuto a minuto desde el Comando Unificado de Monitoreo y supervisó el accionar de más de 1.500 efectivos afectados al operativo.
Según remarcaron desde el oficialismo, la consigna principal fue evitar enfrentamientos y garantizar que la movilización se desarrollara de manera pacífica. La orden fue mantener las columnas en movimiento para reducir cortes prolongados y minimizar el impacto sobre el tránsito, una tarea compleja ante la magnitud de la convocatoria. Hubo algunos forcejeos aislados durante la desconcentración, aunque desde el Gobierno los calificaron como incidentes menores y sin vinculación directa con la organización de la marcha.
Mientras tanto, puertas adentro de la Casa Rosada, el clima fue de relativa calma. Milei permaneció en Balcarce 50 siguiendo los acontecimientos, en una jornada atravesada también por el reciente revés legislativo del oficialismo en la Cámara de Diputados, donde no logró avanzar con parte de su agenda parlamentaria. Aun así, en el entorno presidencial insistieron en que la protesta no alteró el funcionamiento del Ejecutivo ni modificó la hoja de ruta prevista.
“Fue una manifestación más, dentro de lo esperado”, deslizaron desde el círculo cercano al Presidente, destacando que la elección del día no coincidió con una sesión clave en el Congreso. Para el Gobierno, ese dato le quitó peso político a la medida de fuerza y permitió encapsular el reclamo sindical en el plano estrictamente gremial.
La ministra Monteoliva celebró el cumplimiento del protocolo de seguridad y sostuvo que las fuerzas actuaron de acuerdo a lo previsto. Desde su entorno señalaron que el esquema aplicado no difirió de otros operativos similares y que se buscó adaptar la respuesta estatal a la dinámica de la protesta, sin escalar conflictos ni provocar situaciones de mayor tensión.
En la previa, la funcionaria había mantenido reuniones de coordinación con referentes del Gabinete para analizar el alcance de la convocatoria y el perfil de los sectores participantes. El diagnóstico oficial apuntaba a una movilización amplia, con fuerte presencia sindical y acompañamiento de dirigentes opositores, a quienes en el oficialismo consideran con desgaste de imagen ante parte de la sociedad.
Durante la jornada, algunos referentes del Gobierno utilizaron las redes sociales para ironizar sobre la protesta y reforzar el mensaje de que la agenda oficial no se vería alterada. La estrategia comunicacional apuntó a mostrar control de la situación, orden en la calle y continuidad de las políticas impulsadas desde el inicio de la gestión.
En ese marco, la reforma laboral sigue siendo uno de los principales puntos de conflicto entre el Ejecutivo y los sindicatos. El proyecto, elaborado en el área de Desregulación y Transformación del Estado, propone cambios estructurales en las condiciones de contratación, el esquema de indemnizaciones y el rol de los convenios colectivos, lo que despertó un fuerte rechazo en el movimiento obrero organizado.
Desde el Gobierno, en cambio, defienden la iniciativa como una herramienta clave para modernizar el mercado de trabajo, fomentar el empleo formal y atraer inversiones. En privado, funcionarios nacionales aseguran que las protestas no modificarán el rumbo elegido y que el debate se dará en el Congreso, donde el oficialismo buscará construir los consensos necesarios para avanzar con la ley.
Ya entrada la tarde, la desconcentración se dio de manera gradual y el operativo de seguridad comenzó a replegarse sin mayores complicaciones. Para el Ejecutivo, el balance fue positivo: una movilización numerosa, pero contenida, sin desbordes graves y sin impacto directo en la gobernabilidad.
Con ese diagnóstico, el Gobierno cerró la jornada convencido de que la protesta no logró el objetivo de condicionar su agenda. La reforma laboral, aseguran, seguirá siendo una prioridad y formará parte del paquete de cambios estructurales que la administración de Milei pretende consolidar en los próximos meses, más allá de la resistencia sindical y las tensiones políticas que continúan marcando el escenario nacional.
