El Gobierno nacional ha decidido aplazar la definición sobre las vacantes en la Corte Suprema, juzgados, fiscalías y defensorías del pueblo hasta después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Esta demora, según fuentes oficiales, responde a una estrategia del oficialismo para negociar con la oposición y gobernadores dialoguistas en un contexto marcado por la fuerte influencia del kirchnerismo en el Senado, que cuenta con la mayoría necesaria para bloquear iniciativas del Ejecutivo.
En noviembre de 2024, el Gobierno anunció el envío de pliegos para cubrir cargos vacantes en la Justicia, pero estos documentos nunca llegaron al Senado, encargado de aprobarlos. En paralelo, el Ejecutivo propuso a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como candidatos a integrar la Corte Suprema, pero la Cámara Alta, dominada por el kirchnerismo, rechazó ambas nominaciones. Este revés evidenció las dificultades del oficialismo para avanzar en la designación de cargos clave en el Poder Judicial.
Un panorama de vacantes y tensiones
Según datos del Consejo de la Magistratura, actualmente existen 184 vacantes en juzgados federales y 127 en otras competencias. A esto se suman 161 cargos disponibles en fiscalías y 80 en defensorías. Estas cifras reflejan una parálisis que preocupa a sectores del Poder Judicial, donde algunos magistrados han instado a acelerar los procesos para cubrir estos puestos y garantizar el funcionamiento de la Justicia.
Sin embargo, en Casa Rosada, la prioridad parece ser la negociación política. La mayoría kirchnerista en el Senado, capaz de reunir los dos tercios necesarios para bloquear iniciativas relacionadas con la Corte Suprema, ha llevado al Gobierno a postergar definiciones y explorar alternativas. Una de ellas es la posible ampliación del máximo tribunal, una idea que el oficialismo no descarta, aunque no ha respaldado formalmente ningún proyecto en el Congreso. La propuesta de aumentar el número de miembros de la Corte a siete o nueve busca, según fuentes gubernamentales, hacerla “más representativa” y, al mismo tiempo, permitir al Ejecutivo negociar con la oposición para eludir el veto kirchnerista.
Estrategas y negociaciones clave
La estrategia judicial del Gobierno está liderada por Santiago Caputo, asesor presidencial, y Sebastián Amerio, secretario de Justicia. Ambos funcionarios no solo están enfocados en la composición de la Corte Suprema, sino también en la designación del Procurador General de la Nación, un cargo de creciente relevancia con la implementación progresiva del nuevo Sistema Acusatorio.
Este sistema, que traslada la investigación de las causas a los fiscales en lugar de los jueces, otorga un peso estratégico a la Procuración. Actualmente, Eduardo Casal ocupa el cargo de manera interina desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017, pero su designación definitiva sigue siendo un punto de negociación clave.
Un delicado equilibrio político
La postergación de las definiciones judiciales refleja un cálculo político del oficialismo, que busca consolidar alianzas con sectores dialoguistas tras las elecciones legislativas. La ampliación de la Corte Suprema y la negociación de cargos en el Poder Judicial podrían ser herramientas para sortear la resistencia del kirchnerismo y avanzar en la conformación de una Justicia alineada con los intereses del Gobierno. Sin embargo, este escenario también pone en evidencia las tensiones entre los poderes del Estado y el desafío de garantizar la independencia judicial en un contexto de alta polarización política.
Por ahora, la Casa Rosada mantiene la cautela, consciente de que cualquier movimiento en el tablero judicial será decisivo para el futuro político del país.
