El Gobierno nacional comenzó a recalcular su hoja de ruta política tras la dura sesión en la Cámara de Diputados que dejó sin efecto las derogaciones vinculadas al financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad. Con el Presupuesto 2026 todavía en juego, la estrategia oficial ahora se concentra en el Senado, donde buscará introducir cambios o fórmulas alternativas que permitan sostener el objetivo de déficit cero sin profundizar el desgaste político.
La redefinición empezó pocas horas después de la votación adversa. En un encuentro reservado, la mesa política del oficialismo analizó el escenario que se abrió tras la caída de artículos clave del proyecto y coincidió en que el texto aprobado en Diputados quedó desbalanceado desde el punto de vista fiscal. La prioridad, remarcaron, es evitar que el Presupuesto avance sin correcciones que consideran estructurales.
El contexto no es sencillo. A la interna parlamentaria se sumó un clima de tensión en las calles, con una masiva movilización sindical contra las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo durante las sesiones extraordinarias. Ese marco reforzó la decisión de concentrar esfuerzos en un solo frente: garantizar la aprobación del Presupuesto antes del cierre del período legislativo.
Durante el debate en Diputados, varios aliados habituales del oficialismo se desmarcaron y votaron contra artículos centrales, lo que expuso una fragilidad política que ahora obliga a reabrir negociaciones. En particular, el rechazo al capítulo que incluía las derogaciones y otras disposiciones generales dejó en evidencia que el consenso previo era más endeble de lo esperado.
Frente a ese escenario, el oficialismo analiza cómo volver a poner sobre la mesa los temas vinculados a universidades y discapacidad durante el tratamiento en el Senado. La Constitución impide insistir con la misma redacción rechazada por la Cámara de origen, por lo que la discusión pasa por encontrar mecanismos alternativos, ya sea mediante modificaciones parciales, reinterpretaciones presupuestarias o nuevos artículos que no repitan el esquema original.
El margen de maniobra es acotado. El objetivo es obtener dictamen en comisión en los próximos días para cumplir con los plazos reglamentarios y llevar el proyecto al recinto antes de fin de mes. La intención final es que el Presupuesto vuelva a Diputados y quede convertido en ley sobre el cierre de las sesiones extraordinarias.
Para evitar nuevos traspiés, el Gobierno decidió postergar el tratamiento de la reforma laboral, que quedó desplazada del centro de la agenda al menos hasta febrero. La lectura interna es clara: abrir demasiados frentes al mismo tiempo puede derivar en más derrotas parlamentarias.
Pese al golpe político, en el oficialismo relativizan el impacto del revés. Señalan que, más allá de la caída de un capítulo completo, el Presupuesto logró avanzar y que esa señal fue bien recibida por los mercados, lo que interpretan como un respaldo indirecto a la orientación económica general.
Sin embargo, la relación con algunos aliados quedó resentida. Las tensiones con sectores del PRO se profundizaron a partir de desacuerdos institucionales y del manejo de cargos clave, lo que derivó en acusaciones cruzadas y en un vínculo que, por ahora, se mantiene frío. Aunque desde el Gobierno aseguran que la disputa no es terminal, admiten que será necesario reconstruir confianza para garantizar futuras votaciones.
En el Senado, la responsabilidad ahora recae sobre la comisión de Presupuesto y Hacienda, que aguarda definiciones políticas para avanzar con el tratamiento. Allí se jugará una instancia clave: cualquier cambio que se introduzca deberá equilibrar las demandas fiscales del Ejecutivo con la viabilidad política del proyecto.
Dentro del oficialismo no descartan ningún escenario, incluso la posibilidad de vetar el Presupuesto si se sanciona sin modificaciones sustanciales. Consideran que mantener ciertas partidas sin ajustes contradice el principio de déficit cero que el Gobierno plantea como innegociable.
El traspié en Diputados dejó una lección clara para la Casa Rosada: el escenario legislativo sigue siendo inestable y exige una negociación más fina, artículo por artículo. Con el calendario en contra y las tensiones políticas aún latentes, el Senado aparece como la última oportunidad para ordenar un Presupuesto que, hasta ahora, avanza entre equilibrios frágiles y acuerdos incompletos.
