El Gobierno nacional salió a ordenar la discusión política en torno a la postulación de la jueza María Verónica Michelli, luego de la aprobación de su pliego en el Senado. Desde el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, se remarcó que el aval de la Cámara alta no constituye una orden de designación inmediata, sino una habilitación dentro del proceso institucional.
En ese sentido, el funcionario sostuvo que el presidente Javier Milei no está obligado constitucionalmente a firmar de manera automática el decreto de nombramiento, y que la definición final se enmarca en criterios de oportunidad vinculados al funcionamiento del sistema judicial. La posición oficial busca despejar las lecturas que surgieron tras la votación legislativa y encuadrar el proceso dentro de los márgenes previstos por la normativa vigente.
El caso de Michelli, propuesta para integrar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, quedó atravesado por la discusión política luego de que días antes de la sesión legislativa se evaluara la posibilidad de retirar su pliego. En ese contexto, el Ejecutivo negó que existieran motivos vinculados a controversias personales o mediáticas, y atribuyó las demoras a cuestiones administrativas y de planificación institucional.
Según la explicación oficial, uno de los puntos centrales que condiciona la puesta en marcha del cargo es que la estructura judicial asignada aún no se encuentra plenamente operativa. En ese esquema, intervienen procesos de coordinación que dependen del Consejo de la Magistratura de la Nación, que debe avanzar con la definición de recursos edilicios, equipamiento y puesta en funcionamiento de los espacios físicos donde funcionarán los tribunales.
Desde la perspectiva del Ministerio de Justicia, estas demoras forman parte de un problema estructural más amplio del sistema judicial argentino. En esa línea, se señaló que la cobertura de vacantes constituye una de las principales deudas acumuladas en los últimos años, con niveles elevados de cargos sin cubrir que afectan el normal desarrollo de los procesos judiciales y la carga de trabajo de los tribunales.
El Gobierno sostiene que la actual etapa de gestión apunta a acelerar la cobertura de esos puestos. En ese marco, se anticipó el envío de nuevos pliegos al Senado en el corto plazo, con el objetivo de avanzar en un esquema de designaciones más dinámico y reducir el volumen de vacantes en distintos fueros federales.
La estrategia oficial también se apoya en la idea de que los nombramientos recientes se realizan a partir de ternas ya elaboradas por el Consejo de la Magistratura, correspondientes a concursos iniciados en administraciones anteriores. De este modo, se busca remarcar la continuidad institucional del proceso de selección y relativizar la incidencia de la coyuntura política en las decisiones actuales.
En paralelo, desde el Ejecutivo se minimizó la necesidad de acelerar definiciones en torno a la integración completa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al sostener que el tribunal puede funcionar con su composición actual. Con esa postura, la administración nacional refuerza su enfoque de priorizar la cobertura de tribunales inferiores, considerados clave para mejorar la respuesta del sistema judicial en el territorio.
