El juez en lo Penal Económico N°10, Marcelo Aguinsky, resolvió levantar el secreto de sumario y avanzar con una serie de medidas clave en la causa que investiga un presunto entramado de testaferros y maniobras patrimoniales irregulares vinculadas a vehículos de alta gama hallados en la localidad bonaerense de Pilar. La decisión marca un nuevo impulso en una pesquisa que apunta a determinar quiénes son los verdaderos dueños de los bienes bajo investigación.
La causa, que ahora quedó abierta a las partes, involucra a la firma Real Central SRL y a dos personas identificadas como Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes son investigados por su presunto rol como intermediarios en operaciones económicas que estarían destinadas a ocultar la titularidad real de bienes de alto valor.
En la resolución firmada este martes, el magistrado dispuso una batería de requerimientos a distintos organismos públicos y privados con el objetivo de reconstruir el entramado patrimonial, financiero y operativo de los involucrados. La investigación se centra en presuntos delitos económicos y busca establecer el origen de los fondos utilizados para la adquisición y mantenimiento de los bienes secuestrados.
Entre las primeras medidas ordenadas, Aguinsky solicitó a la Superintendencia de Seguros de la Nación que informe sobre todas las pólizas contratadas para vehículos registrados a nombre o en beneficio de Real Central SRL. El requerimiento incluye detalles sobre las compañías aseguradoras, los períodos de cobertura y los medios de pago utilizados. Además, el juez pidió que se indique si existen seguros contratados para embarcaciones o aeronaves vinculadas a la firma investigada.
La pesquisa se profundiza luego de que, la semana pasada, se concretara el secuestro de más de 50 vehículos de alta gama durante un allanamiento realizado en Pilar. Ese procedimiento había sido ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, quien ya no interviene en la causa tras el cambio de competencia.
En paralelo, los Registros de la Propiedad Automotor deberán informar quiénes estaban habilitados para conducir los vehículos secuestrados mediante las denominadas cédulas azules. Esta información permitirá identificar a posibles usuarios habituales de los autos y establecer vínculos que excedan la titularidad formal.
La resolución judicial también pone el foco en el uso de tecnología asociada a los vehículos. Por ese motivo, se requirió a las empresas de rastreo satelital que informen si las unidades cuentan con dispositivos activos, así como los datos técnicos vinculados a su funcionamiento. Asimismo, se solicitó a la empresa administradora del sistema Telepase que detalle qué vehículos tenían instalado el dispositivo, quiénes contrataron el servicio y a través de qué medios de pago se realizaron las operaciones.
Estas medidas buscan reconstruir los movimientos y trayectos de los vehículos, así como establecer patrones de uso que puedan aportar información relevante sobre sus verdaderos propietarios y el circuito económico detrás de su utilización.
La investigación también se extiende a un inmueble que aparece como un punto central en la causa. Se trata de una propiedad ubicada en la calle Misiones al 4000, en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar. El juez ordenó a la Secretaría de Comunicaciones que informe, a través de las empresas de telefonía e internet, a nombre de quiénes se encuentran registrados los servicios contratados en ese domicilio.
Además, la Policía Federal Argentina deberá identificar qué empresa presta el servicio de cerco eléctrico en el inmueble y aportar datos técnicos que permitan establecer un control digital del sistema de monitoreo perimetral. El objetivo es determinar quiénes tenían dominio efectivo sobre la propiedad y quiénes eran sus ocupantes habituales.
Con el levantamiento del secreto de sumario y la puesta en marcha de estas medidas, la causa entra en una etapa decisiva. La Justicia busca avanzar en la identificación de los responsables finales del patrimonio investigado y esclarecer si existió un esquema destinado a ocultar bienes y evadir controles legales.
El expediente continúa bajo análisis del Juzgado Penal Económico, mientras se aguardan las respuestas de los organismos requeridos, que serán claves para definir los próximos pasos del proceso judicial.
