La causa por la desaparición de Loan Peña volvió a sumar un nuevo capítulo judicial luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes rechazara un pedido de la querella para que el juicio contra los 17 acusados comience el próximo 8 de mayo, día en el que el niño cumple años.
La solicitud fue presentada por los representantes legales de la familia con el argumento de que se trata de una fecha simbólica y significativa dentro de un caso que lleva más de 20 meses sin resolverse. Sin embargo, los jueces resolvieron no hacer lugar al planteo y lo calificaron como “impertinente”.
De esta manera, la decisión del tribunal mantiene la incertidumbre respecto al inicio del debate oral, en una causa que genera fuerte impacto social y que sigue siendo uno de los expedientes judiciales más sensibles vinculados a la desaparición de un menor en Argentina.
En el escrito presentado ante el tribunal, la querella había solicitado formalmente que el juicio oral y público comenzara el viernes 8 de mayo. El pedido se fundamentaba en la “singularidad del caso” y en la situación de incertidumbre que rodea al paradero del niño desde el momento de su desaparición.
Los abogados de la familia argumentaron además que el Estado tiene un deber reforzado de protección cuando se trata de derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, plantearon que fijar esa fecha permitiría enviar un mensaje institucional fuerte en relación con la búsqueda de justicia.
Además del pedido para establecer el inicio del proceso en esa jornada, la querella propuso que el tribunal dispusiera un cronograma de audiencias intensivo. Concretamente, solicitaron que se programen al menos cuarenta jornadas consecutivas e ininterrumpidas de debate.
La intención era que el juicio avance de manera continua hasta su finalización, evitando dilaciones que pudieran prolongar aún más la resolución del caso. También plantearon la posibilidad de habilitar días y horarios inhábiles si fuera necesario, e incluso avanzar durante el período de feria judicial.
Según explicaron en el documento presentado ante el tribunal, ese esquema permitiría garantizar el cumplimiento del estándar de “plazo razonable” previsto en la Constitución y en los tratados internacionales. De acuerdo con la querella, ese principio no sólo protege los derechos de la víctima, sino también los de las personas imputadas.
El tribunal recibió el planteo, pero la respuesta fue breve y contundente. En la resolución comunicaron que el pedido de fijar el 8 de mayo como fecha de inicio del juicio fue rechazado por considerarlo improcedente.
En el mismo documento señalaron que la organización de las audiencias depende exclusivamente de la agenda judicial del tribunal y de los magistrados que lo integran. Por ese motivo, indicaron que la fijación de las diligencias quedará sujeta a la disponibilidad de los jueces y a las cuestiones administrativas propias del proceso.
La decisión se produce en medio de un contexto de demoras y reorganizaciones dentro del expediente. El tribunal encargado del debate no cuenta con una conformación habitual y debió integrarse con magistrados de distintas jurisdicciones debido a la falta de jueces disponibles.
Actualmente, el cuerpo está compuesto por Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. Ceroleni es el único magistrado que pertenece a la jurisdicción correntina, mientras que Belforte proviene de Formosa y Bracco de Río Negro.
Esta integración especial del tribunal es uno de los factores que influyen en la planificación del calendario judicial, ya que los magistrados también deben cumplir funciones en sus respectivas jurisdicciones.
El pedido de la querella surgió luego de la audiencia preliminar realizada semanas atrás, en la que el presidente del tribunal había informado que el juicio comenzaría el 7 de octubre. Ese anuncio generó fuertes cuestionamientos dentro de la causa.
Tanto la querella como la fiscalía manifestaron su malestar por la extensión de los plazos, al considerar que la fecha implicaba una demora significativa para un expediente que lleva casi dos años sin definiciones.
Incluso algunos de los abogados defensores de los acusados también expresaron reparos sobre el cronograma, señalando que un proceso de estas características debería avanzar con mayor celeridad.
Tras esos cuestionamientos, el tribunal decidió revisar el calendario inicialmente planteado. Sin embargo, la resolución reciente dejó en claro que la propuesta de comenzar el juicio el día del cumpleaños del niño no será considerada.
El expediente judicial apunta a esclarecer qué ocurrió con Loan Peña, cuyo paradero sigue siendo desconocido desde el momento de su desaparición. A lo largo de la investigación se acumularon múltiples hipótesis, pericias y testimonios que ahora deberán ser analizados durante el juicio oral.
El proceso incluirá la presentación de pruebas, declaraciones de testigos y la exposición de los argumentos de la fiscalía, la querella y las defensas. Se trata de una etapa clave para determinar responsabilidades y reconstruir lo sucedido.
En total, son 17 las personas que llegarán a juicio en el marco de la causa. Cada una enfrenta distintos niveles de imputación vinculados a la desaparición del menor, un hecho que conmocionó a gran parte del país y que sigue generando expectativa pública.
La instancia del debate oral será determinante para el futuro del expediente, ya que allí se evaluará todo el material reunido durante la investigación.
Mientras tanto, la discusión sobre los tiempos judiciales continúa siendo uno de los ejes de tensión dentro del caso. Para la familia del niño y sus representantes legales, acelerar el inicio del proceso es fundamental para avanzar hacia una respuesta judicial.
Por ahora, el tribunal dejó en claro que el calendario se definirá exclusivamente en función de la disponibilidad de los magistrados y de la organización interna del proceso.
Así, la causa que busca esclarecer la desaparición de Loan Peña continúa transitando etapas judiciales marcadas por pedidos, revisiones y decisiones que mantienen en vilo a la investigación y a la opinión pública.
