La investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este martes un nuevo capítulo con las indagatorias de sus principales exautoridades, que eligieron el silencio frente a la Justicia. Diego Spagnuolo, extitular del organismo, se presentó ante el fiscal federal Franco Picardi pero decidió no responder preguntas, en el marco de una causa que analiza el desvío de más de $75.000 millones.
A la salida de los tribunales, el exfuncionario se limitó a señalar que tendrá otras সুযোগidades para ejercer su defensa, sin dar precisiones sobre las acusaciones en su contra. La misma postura adoptó minutos después Daniel María Garbellini, quien ocupaba un rol clave como responsable del programa Incluir Salud y era considerado el segundo en la estructura de gestión.
Ambos ya se encuentran procesados en el expediente, una situación que sigue bajo revisión judicial. La causa, que involucra a decenas de imputados, busca determinar la existencia de una estructura organizada que habría manipulado contrataciones públicas vinculadas a prestaciones médicas de alto costo.
Según la hipótesis fiscal, el esquema funcionaba a través de la adulteración de mecanismos internos para simular competencia entre proveedores, cuando en realidad las adjudicaciones estaban previamente direccionadas. El foco está puesto en el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, que habría sido utilizado para favorecer a un grupo reducido de empresas.
Los números que surgen de la investigación son contundentes. En el rubro medicamentos, dos firmas concentraron la enorme mayoría de las contrataciones durante más de un año, acumulando montos que superan los $30.000 millones. En paralelo, otras compañías se habrían repartido contratos millonarios vinculados a prótesis e insumos auditivos, alcanzando cifras que rondan los $9.500 millones.
Para los investigadores, el mecanismo no solo implicaba sobreprecios, sino también el pago de retornos a funcionarios encargados de autorizar y agilizar los procesos administrativos. De comprobarse, se trataría de una maniobra de gran escala que afectó directamente recursos destinados a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.
El expediente también apunta a la participación de intermediarios y empresarios que habrían tenido influencia directa en las decisiones del organismo. En ese marco, este miércoles está prevista la declaración de Miguel Ángel Calvete, señalado como un actor clave en la operatoria. Su testimonio será tomado por videoconferencia desde el penal de Ezeiza, donde permanece detenido.
La causa incluye además a otros empresarios que habrían intervenido en la ejecución de las maniobras, consolidando un entramado que, según la Justicia, operó de manera coordinada para garantizar beneficios económicos a través de contrataciones públicas.
Uno de los aspectos que más pesa en la investigación es el destino original de los fondos. El dinero involucrado provenía del programa Incluir Salud, una herramienta clave del sistema público destinada a garantizar cobertura médica a sectores vulnerables. Esa circunstancia agrava la situación de los imputados, ya que se trata de recursos con una finalidad social específica.
Mientras avanza el proceso judicial, el expediente sigue sumando pruebas y testimonios que buscan esclarecer el funcionamiento interno del presunto esquema. Las indagatorias continuarán en los próximos días y serán determinantes para definir la responsabilidad de los acusados en una de las causas más sensibles por el manejo de fondos públicos en el área social.
