En medio de la brutal crisis económica que atraviesa Argentina por consecuencia de las irremediables medidas adoptadas por el actual ministro de economía y candidato presidencial del kirchnerismo, Sergio Massa, como ocurrió cerca de la crisis del 2001, estalla un nuevo escándalo que sacude al Senado de la Nación.
Esta semana, salieron a la luz multimillonarios gastos con sobreprecios del Congreso de la Nación, que dan indicios de un masivo esquema de corrupción en la Cámara Alta, pero que los medios de comunicación tradicionales decidieron callar.
Sin embargo, en esta investigación se darán a conocer las principales contrataciones con sobreprecios, y la información quedará disponible para cualquier medio de comunicación que quiera hacerse eco del tema.
Sobreprecio en la restauración de la fachada
En febrero de 2022, se le adjudicó la licitación para restaurar la fachada del palacio legislativo ubicado sobre la calle Yrigoyen al 1849 a la empresa “Age Construcciones SRL” por $225.177.370 de pesos.
Según los requerimientos, el plazo de ejecución era de 360 días corridos desde el acta de inicio de la obra, el plazo de garantía era de 360 días a partir de la fecha de recepción definitiva, y las condiciones de pagos eran a 30 días de presentada la factura con el certificado de avance de la obra.
La garantía del servicio se fijó en 360 días a partir de la fecha de recepción definitiva. Lo interesante es que en el anticipo financiero, a solicitud del adjudicado, se prevee hasta un 20% del monto final adjudicado, contra presentación de contragarantía -póliza de seguro de caución- por el total del importe solicitado.
Lo anormal en esta adjudicación son las adecuaciones de precios, que son montos variables complementarios al monto inicial de la licitación debido a variaciones en la inflación y el tipo de cambio con el dólar.
Según un decreto del año 2002, las adecuaciones de precios no deben superar el 30%, pero las de esta licitación superan el 70%, lo que se trata de un brutal nivel de sobreprecio.
Además, en la misma tabla, queda en claro el incumplimiento del propio pliego de la licitación, ya que la última adecuación de precio debió ser el 7 de julio de 2023 pero hay hasta el 3 de octubre.
Los responsables de firmar las licitaciones son María Luz Alonso, la secretaria administrativa del Senado de la Nación; Mariano Cabral, el prosecretario administrativo; y Diego Bermudez, quien ostenta el cargo de prosecretario de coordinación operativa. Todos ellos fueron designados en el último tiempo por Cristina Kirchner, quienes deberán responder por el burdo manejo de la adjudicación.
Cada senador tiene más empleados que una Pyme
Otro dato inquietante es la cantidad de empleados administrativos y asesores de bloque que hay en el Senado. Según los datos a los que pudimos acceder, hay 1.500 asesores de bloques y 3.500 administrativos.
Con estos números, cada senador parecería tener un séquito de asesores que rivaliza con cualquier PyME en Argentina. Según los registros, la mendocina Anabel Fernández Sagasti tiene 40 asesores, el porteño Mariano Recalde tiene otros 40 asesores y la bonaerense Juliana Di Tullio cuenta con 60 asesores. Todos ellos pertenecen al bloque del Frente de Todos que responde a Cristina Kirchner.
Hoy por hoy, ni en el Senado ni en Diputados, existe algún tipo de control o auditoría para la nómina de asesores, ni nada relacionado con métricas para verificar que desempeñan funciones reales, o que sean profesionales en el área que asesoran o ni siquiera que alguna vez se hayan presentado a trabajar.
Tampoco existe una manera de verificar si estas personas cobran por la totalidad de su sueldo, ya que, como se vio en el Chocolate Gate de la Legislatura bonaerense, que es una práctica muy común la de nombrar militantes o familiares para usufructuar de sus sueldos, consignó LD Diario.
