La auditoría publicada por el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, expone una trama escandalosa de desidia, ineficiencia y corrupción sistémica que el kirchnerismo permitió durante años en la gestión del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM).
Este informe, realizado por la SIGEN, no solo desnuda la incapacidad administrativa del gobierno anterior, sino que pone en evidencia un abandono criminal hacia los sectores más vulnerables, aquellos que dependían de la asistencia alimentaria para sobrevivir.
El dato más aberrante es que el 87% de los registros del ReNaCoM estaban duplicados. Nueve de cada diez inscripciones eran redundantes, revelando una ausencia total de controles básicos que permitió inflar artificialmente las cifras de beneficiarios. Esto no es un simple error técnico: es una maniobra que facilitó el desvío de recursos hacia destinos inciertos, mientras el hambre de los pobres seguía creciendo. Sumado a esto, el 34% de los registros estaban incompletos o con datos nulos, lo que impedía identificar a los verdaderos beneficiarios. ¿Cómo se puede justificar que un sistema destinado a combatir la pobreza opere con tal nivel de improvisación y opacidad?
Peor aún, el 70% de los 54.613 comedores y merenderos preinscriptos nunca fueron verificados presencialmente. Más de 38.000 espacios operaban sin que el Estado supiera si existían o funcionaban realmente. Esta falta de fiscalización no solo abrió la puerta al clientelismo político, una práctica emblemática del kirchnerismo, sino que dejó a los más necesitados sin la ayuda que les correspondía. La desidia se completa con errores en la geolocalización de los comedores, demoras de hasta 914 días en los procesos de validación y un registro completamente desactualizado, sin alertas por vencimientos de matrícula. ¿Qué clase de gobierno permite que un sistema tan crucial para los vulnerables funcione con semejante grado de abandono?
El kirchnerismo, con su retórica de justicia social, no hizo más que perpetuar un esquema de discrecionalidad y corrupción que jugó con el hambre de los pobres. Mientras se llenaban la boca hablando de inclusión, permitieron que los recursos destinados a los más necesitados se diluyeran en un sistema plagado de irregularidades, sin controles ni transparencia. Esta auditoría no solo expone la ineptitud administrativa, sino también la inmoralidad de un modelo que usó la pobreza como moneda de cambio para el clientelismo político.
La reestructuración del ReNaCoM y la apuesta por la transparencia del actual gobierno son un primer paso para corregir este desastre heredado. Pero el daño ya está hecho: años de abandono y manipulación dejaron a miles sin la asistencia que merecían. El kirchnerismo deberá rendir cuentas por haber traicionado a los más vulnerables, convirtiendo un programa social en un entramado de corrupción que alimentó sus propios intereses mientras los pobres seguían esperando.
