El dolor y la bronca siguen presentes entre los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado. Este martes, hicieron una doble concentración para exigir justicia y mantener vivo el reclamo por la tragedia sanitaria que sacudió a cientos de familias, una de las más graves que ocurrió en los últimos años en el país.
Por primera vez, la movilización adoptó el formato de “concentración en espejo”, con marchas simultáneas en dos lugares clave, una en Plaza Moreno de La Plata (calle 12 entre 51 y 53) y la otra en el Monumento a la Bandera en Rosario, ciudades donde se registraron la mayor cantidad de fallecidos.
Bajo el lema “Verdad y Justicia para las víctimas del fentanilo adulterado”, los familiares buscan visibilizar el caso y exigirle respuestas al Estado. También para denunciar que existe un “silencio absoluto” de las autoridades de los distintos hospitales donde se produjeron las casi 180 muertes.
“Este encuentro reivindica la memoria de nuestros seres queridos, la lucha compartida y la misma causa y la unión familiar. Ambos se realizan el mismo día, misma hora y mismo motivo. Hoy luchamos por un Estado presente y respuestas inmediatas de los responsables políticos y administrativos”, expresó Alejandro Ayala, uno de los familiares que encabeza la convocatoria.
La causa judicial y el rol de los laboratorios
La causa penal se inició el 12 de mayo, después de que el Hospital Italiano de La Plata notificara un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondía a patrones habituales. Los pacientes presentaban cuadros graves y muchos fallecían a pesar de no tener enfermedades terminales o riesgo de vida. Esto llamó la atención del personal médico.
A partir de esa alerta, un funcionario de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) realizó la denuncia que derivó en la investigación judicial. Las pericias que se hicieron posteriormente en el Instituto Malbrán fueron contundentes y confirmaron que las bacterias halladas en los pacientes coincidían genómicamente con las detectadas en ampollas de fentanilo utilizadas en los tratamientos.
Se trata de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia. Ese hallazgo marcó un punto de inflexión. Ya no se trataba de infecciones aisladas, sino de un medicamento contaminado que había sido elaborado por dos laboratorios, y distribuido y aplicado en distintos centros de salud de al menos cuatro provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación se concentró rápidamente en las empresas HLB Pharm y Laboratorios Ramallo S.A., ambas vinculadas al empresario Ariel García Furfaro, un hombre que no venía del mundo farmacéutico, y que en pocos años había montado una mega industria que funcionaba en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. Según el expediente, una se encargaba de la comercialización y la otra de la fabricación del fármaco.
La causa tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, que ya imputó a los responsables técnicos y directivos de las firmas. Además de García Furfaro, fueron procesados Nilda Furfaro, Damián García, Diego García, José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.
Los hermanos Furfaro siguen detenidos con prisión preventiva y están presos en un penal de Marcos Paz junto con Tchukrán y Maiorano. Tanto Carolina Ansaldi como Nilda Furfaro, madre del empresario y dueña de uno de los laboratorios, fueron beneficiados con arresto domiciliario. El resto de los procesados siguen en libertad.
Para la Justicia, existen elementos suficientes para sostener que el medicamento fue producido y distribuido sin cumplir con las condiciones establecidas en el marco legal farmacéutico y faltaron a las buenas prácticas de fabricación de medicamentos.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es la cantidad de ampollas que llegaron a los pacientes antes de que se ordenara el retiro del medicamento. Según la investigación, unas 230 mil dosis fueron administradas en hospitales y clínicas de todo el país, y al menos 40 mil fueron aplicadas, aunque para la Justicia el número puede variar, ya que no existe una trazabilidad para este tipo de fármaco.
A fines de noviembre, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) allanó cerca de 180 droguerías, sanatorios y clínicas vinculadas a la distribución del fentanilo en Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe, de los cuales 40 habían recibido las ampollas contaminadas. En esos operativos se recuperaron 82 mil ampollas.
La cifra de fallecidos vinculados al fentanilo contaminado es de 173 víctimas y muchos casos continúan bajo análisis, ya que los peritos siguen revisando las historias clínicas y certificados de defunción para determinar cuántas muertes pueden atribuirse directamente al fármaco. Según contaron, son las propias familias de las víctimas las que deben exigir que se investigue caso por caso. Debe pedir por su cuenta los registros médicos de los pacientes a los hospitales o centros de salud, y hacer la denuncia en la fiscalía federal.
Por otro lado, sostienen que, aunque la causa apunta con fuerza a los laboratorios, el rol de la ANMAT quedó seriamente cuestionado. Varios documentos incorporados al expediente y distintos informes oficiales dan cuenta de que las empresas involucradas acumulaban denuncias, observaciones y sanciones previas por irregularidades en los procesos de producción.
Entre 2020 y comienzos de 2025, inspectores del organismo detectaron deficiencias graves en la planta de Laboratorios Ramallo, vinculadas a la falta de controles de calidad, problemas de higiene, fallas en la validación de procesos y riesgos de contaminación. “Parecía una carnicería más que un laboratorio”, expresó uno de los trabajadores que habló con TN, quien además contó que trabajaban en condiciones inhumanas, con temperaturas altísimas y que la seguridad e higiene no eran las óptimas.
Sin embargo, esas advertencias no derivaron en una suspensión inmediata y efectiva de la producción ni en un retiro preventivo de los lotes en circulación. Para los familiares de las víctimas, ese retraso fue clave y se determinó que el medicamento siguió siendo aplicado mientras ya existían alertas internas.
“La masacre del fentanilo es el resultado lógico de una cadena de fallas sistémicas”, sostiene un informe elaborado por una comisión especial de la Cámara de Diputados, que en las últimas horas manifestó su respaldo a la movilización.
El documento, firmado por los diputados Mónica Schlotthauer y Christian Castillo, apunta a una cadena de fallas graves. “Cada eslabón de la cadena de control no solo falló, sino que agravó la negligencia del anterior”, concluye el documento.
Con la movilización de este martes, los familiares buscan que la causa no quede en el olvido y que los responsables, tanto en el sector privado como en el Estado, den respuestas concretas. El reclamo es por verdad, justicia y memoria para las víctimas.
