Leonardo Fariña volvió a declarar en el marco del juicio por la Causa Cuadernos y dejó una serie de definiciones que apuntan directamente al entramado de la obra pública y su vínculo con el poder político. En su testimonio como testigo, aseguró que el empresario Lázaro Báez mantenía una relación de cercanía con Néstor Kirchner y que su empresa Austral Construcciones operaba con ingresos provenientes, en gran parte, del Estado.
Según su exposición, Báez era considerado “un depositario de confianza” dentro de una estructura donde las decisiones económicas y las proyecciones de negocios estaban atadas a la asignación de obra pública. En ese sentido, planteó que el esquema permitía anticipar ingresos incluso sobre proyectos que todavía no habían sido licitados formalmente.
Fariña describió que ese mecanismo funcionaba como una especie de proyección financiera basada en contratos futuros. “Es una proyección de ventas del producto que vendo”, fue una de las ideas que expuso ante el tribunal, al remarcar que la posibilidad de acceder a obras antes de su adjudicación generaba una ventaja determinante en el circuito de financiamiento.
En su declaración también apuntó contra la estructura del sector de la construcción. Habló de una dinámica de cartelización dentro de la Cámara Argentina de la Construcción, donde —según su versión— las empresas acordaban previamente quién participaba y quién resultaba adjudicatario de determinadas licitaciones, con el objetivo de dar una apariencia formal de competencia.
De acuerdo con su relato, ese sistema permitía ordenar la distribución de obras públicas entre actores del rubro, limitando la competencia real. Incluso afirmó que Báez quedaba por fuera de ese circuito tradicional, aunque mantenía acceso privilegiado a la asignación de contratos a partir de su vínculo con el poder político de entonces.
Otro de los puntos centrales de su testimonio estuvo vinculado a la ejecución de las obras. Fariña sostuvo que existían casos en los que se certificaban avances que no se correspondían con la realidad de los trabajos realizados. Según explicó, esas certificaciones eran luego utilizadas para el cobro de fondos, generando un desfasaje entre lo ejecutado y lo pagado.
También señaló que no todas las empresas del sector tenían las mismas condiciones de acceso a los pagos. En ese sentido, indicó que algunas compañías contaban con mayor rapidez para cobrar certificados de obra, mientras que otras enfrentaban demoras, lo que reforzaba —según su mirada— las desigualdades dentro del sistema de adjudicación.
En otro tramo de su declaración, el financista insistió en que Austral Construcciones había acumulado un volumen significativo de bienes y operaciones, pero que su sustentabilidad económica dependía de manera directa de los recursos estatales. “Te dabas cuenta de que los ingresos provenían del Estado y, al mirar los números, básicamente no se podía financiar ni un caramelo”, expresó al describir la estructura financiera de la empresa.
El testimonio de Fariña volvió a colocar bajo análisis el funcionamiento de la obra pública durante los años investigados en la Causa Cuadernos, con foco en los vínculos entre empresarios, licitaciones y mecanismos de financiamiento estatal que hoy siguen bajo la lupa judicial.
