La primera audiencia entre Fate, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) y la Secretaría de Trabajo concluyó sin avances concretos y pasó a un cuarto intermedio hasta el 4 de marzo. El encuentro, realizado de manera virtual, se extendió durante más de seis horas y estuvo atravesado por la tensión que generó el anuncio del cierre definitivo de la planta y el despido de 920 trabajadores.
La audiencia fue convocada en el marco de la conciliación obligatoria dictada por 15 días, una medida que suspendió temporalmente los despidos y ordenó retrotraer la situación al estado previo al conflicto. En términos prácticos, la empresa debe garantizar tareas normales y habituales mientras dure el procedimiento administrativo, y el gremio debe abstenerse de adoptar medidas de fuerza.
Según trascendió tras la reunión, las posiciones continúan lejos. Desde la compañía ratificaron que cumplirán con la conciliación mientras esté vigente, pero mantienen el plan de cierre que había sido comunicado por el directorio. La intención empresarial sería reactivar de manera gradual algunas tareas durante el plazo fijado por Trabajo y, una vez finalizada esa instancia, avanzar con el esquema de cierre definitivo.
El anuncio del cese de actividades sacudió al sector industrial y encendió alarmas en todo el país por el impacto en el empleo. La fábrica venía atravesando un escenario complejo, con caída de ventas, dificultades para sostener exportaciones y un mercado interno retraído. El conflicto con el gremio, que arrastra capítulos desde años anteriores, volvió a escalar con fuerza tras conocerse la decisión de bajar las persianas.
En el comunicado difundido días atrás, la empresa atribuyó el cierre a una combinación de factores: pérdida de competitividad, fuerte avance de importaciones, caída de la demanda y un contexto de elevada conflictividad sindical. En ese marco, sostuvo que las condiciones económicas ya no permiten sostener la operación en los términos actuales.
La conciliación obligatoria frenó el proceso de desvinculaciones e indemnizaciones que se había puesto en marcha luego del anuncio. Esos pagos no llegaron a concretarse porque la intervención oficial interrumpió el cronograma. Si la medida se extiende, la situación continuará bajo las mismas condiciones hasta que finalice la instancia administrativa.
El trasfondo de la crisis no es nuevo. La firma arrastra dificultades desde al menos 2019, cuando aplicó una reducción de 450 puestos en su planta. En los años siguientes se registraron nuevos recortes y reestructuraciones. En julio de 2024, la empresa solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Gobierno nacional, en medio de una abrupta caída de ventas y la pérdida de mercados externos tras el conflicto sindical de 2022.
De acuerdo con datos difundidos por la propia compañía, la demanda interna llegó a retroceder alrededor de un 30% y las pérdidas acumuladas en la primera mitad de 2024 superaron los 30 millones de dólares. Ese escenario, argumentaron, obligó a adecuar el esquema productivo y ajustar la estructura de personal.
En mayo del año pasado ya se habían anunciado cerca de 200 despidos con el argumento de “adaptarse a la nueva realidad del mercado”. Entonces, la empresa señaló como obstáculos los altos costos de producción, la carga impositiva, las restricciones cambiarias para el pago de insumos importados, los problemas de infraestructura y los sobrecostos laborales. También mencionó baja productividad y niveles elevados de ausentismo.
Del lado sindical, la postura es de rechazo total al cierre. El SUTNA sostiene que existen alternativas para sostener la actividad y preservar los puestos de trabajo, y cuestiona la decisión empresaria de avanzar con un cierre que consideran evitable. Tras el anuncio, trabajadores realizaron manifestaciones dentro y fuera del predio industrial, lo que derivó en una orden judicial de desalojo de la planta ubicada en San Fernando.
La tensión escaló en paralelo a la incertidumbre de las familias afectadas. Son casi mil los trabajadores que quedaron en una situación de extrema fragilidad, pendientes de lo que ocurra en las próximas semanas. La audiencia del 4 de marzo aparece ahora como un punto clave para definir si hay margen de negociación o si el proceso avanza hacia un desenlace definitivo.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de dificultades para la industria argentina, en particular en sectores sensibles a la competencia importada y a la volatilidad del mercado interno. La producción de neumáticos, estratégica para la cadena automotriz y el transporte, enfrenta además desafíos vinculados al costo de insumos y a la dinámica cambiaria.
Mientras tanto, la conciliación obligatoria funciona como un compás de espera. Durante ese período, las partes deberán sostener el diálogo bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo. Si no hay acuerdo, el escenario podría derivar en nuevas medidas gremiales o en la confirmación del cierre, con el consiguiente impacto laboral y social.
La próxima audiencia será determinante. Allí se sabrá si la negociación logra encauzarse o si el conflicto entra en una fase aún más compleja. Por ahora, lo único claro es que no hubo acercamiento y que la incertidumbre sigue marcando el pulso de una crisis que lleva años gestándose y que hoy alcanza su punto más crítico.
