La situación judicial de Ariel García Furfaro, responsable de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo SA, investigados por el fentanilo contaminado que provocó numerosas muertes, se complica aún más.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, denunció penalmente a la empresa por haber presentado un certificado municipal presuntamente falso.
La denuncia recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello. Según documentación, el trámite fue gestionado en 2024 por Olga Luisa Arena, de 90 años, abuela de García Furfaro y apoderada de la firma.
El documento, que supuestamente había sido emitido por la Municipalidad de San Isidro, fue presentado ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), dependiente del Ministerio de Seguridad, organismo que regula la importación de droga legal.
Esto fue desmentido oficialmente por las autoridades del distrito, que aseguraron que el laboratorio podía explotar y comercializar sus productos, pero que en ningún momento los habilitaron para importar. “El municipio le revocó el permiso de habilitación porque estaba funcionando con un permiso precario”, explicaron fuentes comunales.
Esto podría sumar una nueva imputación para Furfaro, que ya está investigado por haber producido fentanilo contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, vinculado con la muerte de al menos 68 pacientes en hospitales y clínicas de Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba.
Por esa investigación, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ya dictó la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para 24 personas, entre ellas el propio García Furfaro.
Una constancia falsa y un trámite clave
La nueva denuncia presentada por la Dirección Nacional de Precursores Químicos apunta a un trámite de inscripción realizado por la empresa en diciembre de 2023. En esa oportunidad, la abuela del empresario presentó un “certificado de habilitación municipal” ante el RENPRE como parte del expediente GDE RE-2023-151875206-APN-DNPQ#MSG.
Ante sospechas sobre su autenticidad, el Ministerio de Seguridad consultó directamente a la Comuna. La respuesta fue que ellos no solo negaron haber emitido el documento, sino que informaron que HLB Pharma no había solicitado ninguna constancia en esa fecha.
“De lo recabado en el expediente de habilitación no surge pedido de HLB PHARMA GROUP S.A. para extender constancia alguna en esa fecha (18 de diciembre de 2023)”, se lee en el escrito remitido por el municipio, firmado por su asesor legal José M. Gamarra.
La presentación del documento falso podría encuadrarse en los delitos previstos en los artículos 44 y 44 bis de la Ley 23.737, la Ley de Estupefacientes. En particular, el artículo 44 bis establece penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial para quienes falseen documentación o datos en los trámites ante el RENPRE.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad ya notificó a la empresa la apertura del acto administrativo que derivó en la actual denuncia penal.
HLB Pharma buscaba habilitarse para importar sustancias como citrato fentanilo. El RENPRE, órgano encargado de autorizar este tipo de operaciones, exige requisitos estrictos y controles de trazabilidad para evitar que la droga sea desviada al narcotráfico.
Mientras tanto, la causa por el fentanilo contaminado sigue avanzando. El producto fue prohibido por la ANMAT a través de la Disposición 3156/2025 y los laboratorios fueron allanados en dos oportunidades por orden del juez Kreplak, en busca de pruebas que permitan determinar si hubo negligencia o incumplimientos de normas sanitarias.
Será ahora el juez Casanello quien defina si corresponde imputar penalmente a los responsables de la empresa en esta nueva investigación, en paralelo al expediente por el fentanilo letal.
