La reciente decisión de la Justicia laboral de conceder una medida cautelar que mantiene el feriado por el Día del Trabajador del Estado, solicitado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ha desatado una fuerte controversia que pone en el centro del debate el rol de la Justicia y la influencia de los sindicatos en Argentina.
Este fallo, dictado por la jueza Moira Fullana, suspendió los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Ejecutivo que buscaba eliminar este día libre para los empleados públicos, argumentando la necesidad de igualar condiciones entre los sectores público y privado. Sin embargo, la resolución ha sido interpretada por diversos sectores como una muestra más de los privilegios que gozan ciertos gremios y del respaldo que encuentran en un sistema judicial que, en lugar de garantizar equidad, parece perpetuar desigualdades.
La reacción oficial no se hizo esperar. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, fue contundente al calificar el fallo como un ejemplo de cómo “la mafia sindical” y la “casta judicial” se alían para proteger beneficios sectoriales en detrimento del resto de la sociedad. Sus palabras reflejan un malestar profundo con una Justicia que, en tiempo récord, optó por favorecer a los representados por ATE, dejando de lado a trabajadores del sector privado —como albañiles, mozos, taxistas o enfermeros— que no gozan de estos “feriados de privilegio”. Esta crítica resuena con la postura del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien, a través de su cuenta en X, señaló la incongruencia de que una jueza, también beneficiaria de estos privilegios, decida mantener un feriado exclusivo para los empleados públicos, perpetuando una percepción de superioridad que, según él, “hace dos años se terminó”.
El fallo no solo ha generado críticas desde el Ejecutivo, sino que también ha encontrado eco en figuras políticas como Silvana Giudici y Alejandro Finocchiaro, quienes destacan la valentía del Gobierno al poner en agenda el debate sobre los privilegios del sector público. Giudici, en particular, subrayó la fractura social que generan estas desigualdades, donde los empleados estatales, con estabilidad laboral, aguinaldo y trabajo formal, contrastan con la realidad de los trabajadores informales o del sector privado que carecen de estos beneficios. Finocchiaro, por su parte, respaldó la necesidad de revisar estas prácticas, argumentando que el Estado no puede seguir sosteniendo un sistema que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría. Estas posturas reflejan una creciente percepción de que el sindicalismo estatal, amparado por fallos judiciales, obstaculiza los esfuerzos por equiparar condiciones laborales en un contexto de ajuste y austeridad.
La controversia pone de manifiesto un problema estructural: la connivencia entre sectores sindicales y una Justicia que, en lugar de actuar como garante de la igualdad, parece inclinarse por proteger intereses particulares. La rapidez con la que se otorgó la cautelar a favor de ATE alimenta las sospechas de un sistema judicial permeable a las presiones gremiales, en un país donde la brecha entre el sector público y el privado es cada vez más evidente. Mientras el Gobierno anuncia que apelará el fallo, la sociedad observa con creciente hastío cómo los privilegios de unos pocos se mantienen a costa del esfuerzo de muchos. Este episodio no solo cuestiona la imparcialidad de la Justicia, sino que también refuerza la necesidad de un debate profundo sobre la equidad y la modernización de las relaciones laborales en Argentina.
