La Justicia federal abrió una nueva instancia en el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas en Argentina. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió una queja presentada por el Gobierno nacional y habilitó la revisión de la medida cautelar que lo obliga a actualizar los salarios de docentes y trabajadores no docentes universitarios, en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución, firmada el 20 de octubre de 2026, también permite revisar otra decisión judicial que intimaba al Estado a cumplir con las obligaciones establecidas en esa medida dentro de un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar multas diarias conocidas como astreintes.
El fallo representa un avance procesal para el Ministerio de Capital Humano, que había cuestionado la decisión del juzgado de primera instancia de impedir que sus planteos fueran apelados. Sin embargo, la Cámara no resolvió de manera definitiva si la cautelar continúa vigente, si el Gobierno cumplió con todas las obligaciones exigidas ni si corresponde dejar sin efecto las sanciones económicas.
La diferencia es importante porque la decisión judicial habilita la revisión de las medidas, pero no constituye por sí misma una sentencia definitiva sobre el conflicto de fondo. Mientras el Gobierno sostiene que existen argumentos para cuestionar la vigencia de la cautelar, la situación de los salarios universitarios y las obligaciones de financiamiento continúa sujeta al desarrollo de la causa.
El Gobierno cuestiona la vigencia de la medida cautelar
La presentación fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación y con asistencia jurídica de la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio.
El planteo se enmarca en el amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el Decreto 759/25 del Poder Ejecutivo Nacional, una norma cuestionada por sus efectos sobre los recursos destinados al sistema universitario.
En ese expediente se dictó una medida cautelar que ordenó al Estado adoptar medidas vinculadas con la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, entre otras obligaciones contempladas en la normativa de financiamiento.
El Gobierno argumentó que la resolución cautelar tenía un plazo de vigencia expresamente establecido y que ese período ya había vencido. Desde esa interpretación, continuar ejecutando la orden judicial supondría extender una protección provisoria más allá del tiempo previsto originalmente.
El juzgado de primera instancia había rechazado la posibilidad de apelar, lo que llevó al Estado a recurrir ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Los magistrados consideraron que impedir esa revisión podía ocasionar un perjuicio de difícil reparación para el Estado, al exigirle cumplir una orden cuya vigencia se encuentra discutida judicialmente.
Por ese motivo, habilitaron el tratamiento del recurso y dispusieron que se revise el planteo del Gobierno. La intervención de la Cámara no significa que haya aceptado definitivamente los argumentos oficiales sobre el vencimiento de la cautelar, sino que reconoció la necesidad de que puedan ser examinados.
Qué pasa con la actualización de los salarios universitarios
Uno de los puntos centrales de la controversia es la actualización de los haberes de docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales, un reclamo que se encuentra vinculado con la pérdida del poder adquisitivo y la evolución de los precios en los últimos años.
El Gobierno sostuvo que los incrementos salariales acumulados entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 superaron la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sobre esa base, defendió que había avanzado en el cumplimiento de las obligaciones que le correspondían.
Sin embargo, ese argumento forma parte de la posición presentada por el Estado y no debe confundirse con una conclusión definitiva de la Justicia sobre el cumplimiento de la ley. La discusión deberá contemplar el alcance de las obligaciones exigibles, los períodos alcanzados y las condiciones establecidas en las resoluciones judiciales.
Otro de los cuestionamientos oficiales apunta a que el juzgado no habría precisado con suficiente claridad qué aspectos de la medida cautelar continuaban pendientes de cumplimiento.
La controversia, por lo tanto, no se limita a determinar si hubo aumentos salariales, sino que también comprende la interpretación de la normativa, el alcance de las órdenes judiciales y la forma en que deben ejecutarse las medidas dispuestas durante el proceso.
Para las universidades públicas, la definición tiene relevancia directa, ya que el financiamiento estatal constituye uno de los componentes centrales para sostener el funcionamiento de las instituciones y atender las necesidades de su personal.
También revisarán las posibles multas por incumplimiento
La Sala III habilitó además una apelación contra la intimación que ordenaba al Estado cumplir, en un plazo de cinco días, con la medida cautelar relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución original contemplaba la posibilidad de imponer astreintes, un mecanismo judicial que consiste en multas económicas destinadas a presionar para que una persona o institución cumpla una orden de la Justicia.
El Gobierno cuestionó esa intimación y pidió que se revisara tanto el alcance de las obligaciones exigidas como la procedencia de las sanciones previstas ante un eventual incumplimiento.
La habilitación del recurso permite que esos argumentos sean examinados por la instancia correspondiente. No obstante, no equivale a una eliminación definitiva de las multas ni demuestra, por sí sola, que el Estado haya cumplido con todas las obligaciones establecidas.
La discusión sobre las sanciones está vinculada con la interpretación de la cautelar principal: si existen obligaciones pendientes, cuáles son y en qué condiciones corresponde exigir su cumplimiento.
En este punto, el alcance de las próximas decisiones judiciales será determinante para establecer cómo continúa la ejecución de las medidas y si corresponde mantener o modificar las intimaciones cuestionadas por el Gobierno.
La discusión por las becas universitarias
El conflicto también incluye la interpretación de las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario relacionadas con las becas estudiantiles.
En su presentación, el Estado afirmó que había cumplido con las obligaciones previstas en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculadas con la actualización de salarios universitarios y becas.
Además, sostuvo que el universo de beneficios alcanzados por la normativa corresponde a los incluidos en el Programa 26, entre ellos las becas Manuel Belgrano, y no a las becas Progresar.
Esta distinción forma parte de los argumentos presentados por el Gobierno para delimitar qué prestaciones deben actualizarse en el marco de la ley. Su alcance deberá analizarse dentro del expediente, de acuerdo con el texto normativo y las obligaciones fijadas judicialmente.
Las becas constituyen un componente relevante de la política de acompañamiento a estudiantes, especialmente para quienes necesitan asistencia económica para sostener sus estudios. Por eso, la interpretación de las disposiciones que regulan estos beneficios también forma parte de la disputa entre el Estado y las instituciones que promovieron el amparo.
Qué puede pasar ahora con el financiamiento universitario
La resolución de la Cámara Contencioso Administrativo Federal abre una nueva etapa en el expediente, pero no pone fin al conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
El tribunal habilitó las apelaciones que el juzgado de primera instancia había bloqueado y permitió que se revisen tanto la vigencia de la cautelar sobre los salarios como la intimación vinculada con las posibles multas por incumplimiento.
La discusión deberá avanzar sobre los argumentos de ambas partes y determinar si corresponde mantener las medidas en los términos originales, modificarlas o adoptar otra decisión conforme a las reglas del proceso judicial.
Por ahora, no existe en este fallo una declaración definitiva que establezca que el Gobierno quedó liberado de cumplir con la actualización salarial. Tampoco se resolvió de manera concluyente si la cautelar perdió vigencia por el vencimiento del plazo invocado por el Estado.
El desenlace tendrá consecuencias para la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, las obligaciones del Poder Ejecutivo y el reclamo de las instituciones educativas por los recursos destinados al sistema público.
Mientras se tramitan las apelaciones, la atención estará puesta en las próximas resoluciones judiciales, que deberán precisar el alcance de las medidas cuestionadas y definir cómo continúa el cumplimiento de las obligaciones vinculadas con los salarios y las becas universitarias.
