Francisco Adorni quedó en el centro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, mientras su defensa salió a reconocer errores en la declaración jurada presentada ante organismos oficiales. El diputado bonaerense, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, rectificó datos vinculados a su patrimonio luego de que avanzaran medidas impulsadas por la Justicia federal.
La causa tomó impulso en los últimos días tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió posibles inconsistencias entre los ingresos declarados por el legislador y algunos movimientos patrimoniales registrados desde su desembarco en la función pública.
Entre los puntos observados aparece un crédito hipotecario vinculado a una vivienda ubicada en City Bell, cuya cancelación parcial despertó sospechas en la investigación. Desde el entorno de Francisco Adorni aseguraron que el préstamo fue solicitado hace varios años y que continúa siendo abonado en cuotas, rechazando así cualquier irregularidad financiera.
En paralelo, la Justicia ordenó una serie de medidas para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario. Entre ellas figuran pedidos de información bancaria, fiscal y administrativa, además de documentación relacionada con sus ingresos en organismos estatales donde ocupó cargos antes de asumir como diputado provincial.
La defensa reconoció además que hubo una valuación incorrecta en la declaración jurada correspondiente a una propiedad de la que Adorni posee el 50%. Según explicaron, el inmueble había sido informado con un monto inferior al real y esa situación ya fue corregida ante los organismos correspondientes.
El departamento judicial que interviene en el expediente también solicitó reportes a distintas dependencias nacionales para verificar movimientos financieros, antecedentes tributarios y posibles inconsistencias patrimoniales. La investigación avanza de manera separada a otra causa que involucra al actual jefe de Gabinete.
Desde el entorno del legislador sostienen que todos los bienes y movimientos económicos están registrados formalmente y cuentan con documentación respaldatoria. Además, consideran que la denuncia tiene un trasfondo político y remarcan que hasta el momento no existe una imputación concreta ni pruebas concluyentes sobre un posible delito.
Mientras tanto, el expediente sigue sumando informes oficiales y medidas de prueba. La Justicia busca determinar si hubo un crecimiento patrimonial incompatible con los ingresos declarados por el diputado o si las inconsistencias detectadas corresponden únicamente a errores administrativos ya subsanados.
El caso volvió a poner en agenda el debate sobre las declaraciones juradas de funcionarios públicos y los controles patrimoniales en la política argentina, en un contexto donde las investigaciones por corrupción y transparencia suelen tener fuerte impacto político y mediático.
