El Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes sellaron este miércoles un acuerdo que busca cerrar un extenso conflicto por el financiamiento del sistema universitario público y la actualización salarial del sector. El entendimiento se alcanzó tras semanas de negociación y en medio de una disputa judicial por la aplicación de la ley de financiamiento universitario.
El eje central del acuerdo establece una recomposición salarial total del 24,33% para trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales. El incremento se aplicará de manera escalonada: un 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026 y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los salarios de septiembre del mismo año.
Según lo acordado entre las partes, la actualización busca compensar el atraso acumulado durante el último período, contemplar la evolución inflacionaria reciente y sumar una recomposición adicional destinada a recuperar parte del poder adquisitivo perdido en años anteriores. El objetivo es ordenar la pauta salarial en un escenario de tensión presupuestaria sostenida.
Además del componente salarial, el entendimiento incluye una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de este mes, un punto clave para la operatividad diaria de las casas de estudio, que venían reclamando mayores recursos para sostener servicios, infraestructura y actividades académicas.
El paquete también contempla un refuerzo significativo para el sistema sanitario universitario. Se dispuso un incremento de $50.000 millones en la partida destinada a hospitales universitarios para el año 2026, con el objetivo de garantizar su funcionamiento y sostener la atención médica, la formación profesional y la investigación.
En paralelo, se definió una actualización del 50% en las Becas Manuel Belgrano, que alcanzan a estudiantes de carreras estratégicas. La medida apunta a reforzar el acompañamiento económico a los alumnos en un contexto de mayor presión sobre los ingresos familiares.
Otro de los puntos centrales del acuerdo es la regularización del esquema de negociación paritaria. Se estableció la convocatoria formal de las paritarias docentes y no docentes con una periodicidad que no podrá superar los tres meses, lo que habilita revisiones más frecuentes en función de la evolución del índice de precios.
En la misma línea, se acordó que el próximo encuentro paritario, previsto para el 10 de junio, pase a un cuarto intermedio de hasta tres meses, en el que se continuará la discusión salarial y la revisión del impacto inflacionario, además de la recomposición pendiente de períodos anteriores.
Pese a la firma del entendimiento, el conflicto de fondo no queda completamente cerrado. Las universidades mantienen vigente la presentación judicial que reclama la plena aplicación de la ley de financiamiento universitario, mientras que el Ejecutivo sostiene que la discusión estructural debe integrarse al debate del Presupuesto 2027.
Desde el Gobierno se remarca que el esquema acordado busca dar previsibilidad al sistema sin comprometer el equilibrio fiscal. En ese sentido, se ratificó la intención de revisar integralmente el financiamiento universitario en el marco de la próxima discusión presupuestaria nacional.
El acuerdo se inscribe en un escenario de tensión acumulada durante los últimos tres años, marcado por reclamos salariales, pedidos de actualización de partidas y debates sobre el alcance del financiamiento estatal a la educación superior. Con este entendimiento, las partes intentan encaminar una salida gradual al conflicto, aunque con la continuidad de negociaciones abiertas y revisiones periódicas del esquema acordado.
