A 32 años del atentado contra la AMIA, la Justicia federal argentina dio un paso clave para avanzar hacia la realización de un juicio en ausencia contra los principales acusados de planificar y ejecutar el ataque del 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 150 heridos.
El juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento de ocho ciudadanos de origen iraní y libanés, acusándolos de delitos de lesa humanidad y genocidio. Entre las medidas dispuestas en la resolución, el magistrado trabó un embargo de 500 millones de dólares para cada uno de los implicados.
El fallo sostiene que la decisión de perpetrar la operación fue tomada por las máximas autoridades del régimen iraní en 1993 y que la organización libanesa Hezbollah asumió la ejecución táctica en Buenos Aires. Entre los procesados como autores mediatos figuran el exministro de Inteligencia Alí Fallahijan, el excanciller Alí Velayati, el excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai y el exjefe de la fuerza Al Quds, Ahmad Vahidi.
Asimismo, la medida alcanza al exembajador Hadi Soleimanpour, al exconsejero cultural Mohsen Rabbani y a Ahmad Asghari como cómplices necesarios desde el ámbito diplomático. En tanto, Salman Raouf Salman, de Hezbollah, fue procesado por coordinar el ataque en el país. El fallo señala además que la logística se articuló desde la Triple Frontera y destaca la compra de la camioneta Renault Trafic cargada con 300 kilos de explosivos.
La novedad jurídica central radica en la aplicación de la Ley 27.784, que habilita el régimen de juicio en ausencia para delitos atroces como el terrorismo. Este mecanismo permite juzgar a los imputados aunque sigan prófugos en el exterior, asignándoles la asistencia de un defensor oficial. Si bien el procedimiento enfrenta planteos de inconstitucionalidad pendientes de resolución en la Cámara de Casación, representa la vía más concreta en décadas para someter a proceso a los acusados.
