La Policía identificó a Juan Pablo Giles, un dirigente de La Cámpora y exfuncionario del Ministerio del Interior bajo la gestión de Eduardo “Wado” de Pedro, como uno de los acusados de participar en los violentos incidentes ocurridos en las instalaciones de ARTEAR, donde se encuentran los canales TN y eltrece.
Los hechos tuvieron lugar el mismo día en que la Corte Suprema ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa Vialidad por corrupción.
Un día después del ataque, las autoridades ya habían señalado a otros cuatro sospechosos: José Lepere, exsecretario del Ministerio del Interior durante el gobierno de Alberto Fernández, junto a Facundo Lococo, Matías Federici y Rubén Ezequiel Pavón. Todos ellos, según las investigaciones, están vinculados a la agrupación kirchnerista La Cámpora y responden políticamente al actual concejal de Almirante Brown, Juan De Bandi.
Los incidentes se desencadenaron horas después del fallo judicial, cuando un grupo de manifestantes, concentrados en las inmediaciones del domicilio de Cristina Kirchner en San José y Humberto Primo, a pocas cuadras del edificio de ARTEAR, irrumpió por la fuerza en las instalaciones de la calle Lima. Los atacantes vulneraron al personal de seguridad, destrozaron al menos diez autos en el estacionamiento, robaron bicicletas y arrojaron piedras contra vidrios y televisores, causando importantes daños materiales.
El caso, que generó una fuerte condena en el ámbito político y mediático, quedó en manos de la fiscalía, que ahora deberá decidir si cita a declarar a los identificados o solicita su detención. La identificación de Giles como otro de los presuntos responsables refuerza la hipótesis de una acción coordinada por sectores militantes cercanos al kirchnerismo, en un contexto de alta tensión tras la confirmación de la condena a la exvicepresidenta.
La investigación continúa, mientras crecen los cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades ante este tipo de actos violentos y su impacto en la convivencia democrática.
