El Senado convirtió en ley la segunda versión de la denominada Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno que consiguió 44 votos afirmativos con el respaldo de distintos bloques aliados.
El proyecto reemplaza a la primera versión de la norma, aprobada apenas ocho meses atrás, e introduce cambios en el régimen tributario y en los mecanismos de fiscalización para los contribuyentes.
El peronismo votó en contra y cuestionó que la iniciativa forme parte de un esquema que, según sus argumentos durante el debate, favorece el blanqueo de capitales. El oficialismo, en cambio, defendió la norma como una herramienta destinada a reducir la presión sobre quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.
Uno de los principales cambios está relacionado con el Régimen Simplificado de Ganancias. La nueva ley establece parámetros vinculados con los ingresos y el patrimonio para determinar quiénes pueden acceder a sus beneficios.
También modifica el criterio para considerar significativa una diferencia entre lo declarado por un contribuyente y la información disponible para el fisco. Cuando la discrepancia sea del 15% o más, pero no supere los $5 millones, dejará de ser considerada significativa.
La norma incorpora además un límite temporal para acceder a determinados beneficios fiscales. La fecha establecida es el 31 de diciembre de 2027.
Durante el debate también hubo cuestionamientos por el alcance de las restricciones para personas políticamente expuestas. Desde la oposición plantearon que las obligaciones de información patrimonial deberían extenderse a familiares directos de funcionarios y legisladores. El oficialismo no aceptó modificaciones y el texto fue aprobado sin cambios respecto del proyecto que había llegado desde Diputados.
La jornada parlamentaria incluyó además la aprobación de los acuerdos para transferir a la Ciudad de Buenos Aires competencias vinculadas con la justicia criminal y correccional de menores.
El convenio recibió 44 votos a favor y 21 en contra. A partir de la transferencia, la Ciudad asumirá la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18.
El esquema también contempla los casos en los que adultos estén imputados junto con menores por los mismos hechos o por situaciones relacionadas, con el objetivo de mantener una única investigación y juzgamiento.
Para los menores de 14 años, el acuerdo establece intervenciones judiciales orientadas a la protección.
El traspaso generó cuestionamientos relacionados con el federalismo y el financiamiento de las nuevas competencias. La discusión se suma a otros debates sobre la distribución de responsabilidades y recursos entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Con ambas iniciativas aprobadas, el Senado cerró una sesión relevante para la agenda legislativa del Gobierno, que logró reunir los votos necesarios para avanzar con sus principales proyectos.
