El juez de Garantías Fernando Pinos Guevara vivió en las últimas semanas un escenario de violencia que lo puso a él y a su familia al límite. Dos robos violentos, según su relato, no fueron hechos al azar, sino parte de una campaña de amedrentamiento vinculada a su trabajo en causas complejas, entre ellas el triple crimen de Florencio Varela.
El primer ataque ocurrió mientras se mudaba temporalmente a la casa de su suegra, buscando un lugar más seguro tras vender su vivienda anterior. Cinco hombres armados lo sorprendieron a él, a su esposa y a su hijo, apuntándoles con pistolas 9 milímetros. Se llevaron celulares y la camioneta familiar, que apareció horas más tarde en la zona de Fuerte Apache.
Días después, delincuentes ingresaron nuevamente a la vivienda mientras la familia no estaba. Aunque pudieron robar más, solo se llevaron una consola de videojuegos, lo que el juez interpreta como un acto deliberado de intimidación. “Buscan que baje los brazos en el trabajo que hice contra el narcotráfico”, señaló.
La situación evidencia, según Pinos Guevara, la falta de protección institucional. Durante casi una década solicitó custodia personal, pero sus pedidos fueron rechazados sistemáticamente. “Estuve ocho años pidiendo custodia y siempre me dijeron que no me la darían. He estado solo frente a estas amenazas”, contó.
La gravedad de los ataques llevó a que sus hijos le propusieran mudarse a España. Aunque aún no tomó una decisión, reconoce que la seguridad de su familia se convirtió en prioridad frente a su vocación judicial. “Soy juez las 24 horas, pero la integridad de mi familia es primordial”, expresó.
El magistrado descartó vínculos políticos en los ataques y responsabilizó directamente a las organizaciones criminales. Para él, estos hechos reflejan la vulnerabilidad a la que expone el propio sistema judicial a quienes investigan delitos graves. “El silencio y la oscuridad generan incertidumbre a estas bandas, pero mi exposición actual es un grito de auxilio”, concluyó.
Los episodios de Pinos Guevara muestran, una vez más, los riesgos que enfrentan los funcionarios judiciales en Argentina y cómo la falta de medidas de protección puede tener consecuencias directas sobre la vida cotidiana de quienes persiguen el crimen organizado.
