El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, impulsará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios nacionales por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos destinados a prevenir inundaciones.
La presentación buscará determinar si hubo malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según el Gobierno bonaerense, la Nación mantiene sin ejecutar $339.993 millones del Fondo de Infraestructura Hídrica, creado para financiar obras destinadas a reducir el riesgo de anegamientos.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, anunció la medida y cuestionó que el Ejecutivo nacional continúe recaudando los impuestos que alimentan el fondo sin destinar la totalidad de los recursos a los proyectos previstos.
El funcionario explicó que el mecanismo se financia con una parte de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos. Además, acusó al Gobierno nacional de utilizar solo una porción de los recursos disponibles y sostuvo que el dinero debería destinarse a infraestructura preventiva, en lugar de otras operaciones financieras.
Las acusaciones forman parte del planteo de la administración provincial y deberán ser evaluadas por la Justicia, que tendrá que determinar si existieron irregularidades y eventuales responsabilidades penales.
El reclamo cobra mayor relevancia ante la posibilidad de que el fenómeno climático de El Niño genere lluvias intensas durante los próximos meses. En ese escenario, la ejecución de obras hidráulicas resulta clave para mejorar el escurrimiento del agua y disminuir los daños que pueden provocar las inundaciones.
Entre los proyectos pendientes, Katopodis mencionó trabajos en las cuencas de los arroyos San Francisco-Las Piedras y del río Salado. Estas intervenciones buscan mejorar el drenaje y reducir el impacto de las precipitaciones en las zonas más expuestas.
La Provincia también cuestiona las demoras en la autorización de créditos internacionales para financiar infraestructura hídrica. Según el ministro, otras diez provincias consiguieron avales para 18 préstamos por un total de US$1.973 millones, mientras que Buenos Aires continúa a la espera de autorizaciones para iniciativas consideradas prioritarias.
Entre ellas figura un crédito de US$200 millones del Banco Mundial destinado a obras para prevenir inundaciones.
La disputa suma así un nuevo capítulo al enfrentamiento entre Kicillof y la administración de Milei, con el financiamiento de la infraestructura pública como eje central. La denuncia buscará esclarecer el destino de los recursos y establecer si hubo incumplimientos en su administración.
Durante la misma conferencia, Katopodis anticipó que la Provincia participará el próximo 26 de octubre en una audiencia pública convocada por el Gobierno nacional para debatir los aumentos tarifarios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y su proceso de privatización.
El funcionario cuestionó que las tarifas hayan acumulado incrementos superiores al 500% y reclamó garantías para la continuidad de las obras de ampliación de las redes de agua potable y cloacas.
De este modo, el Gobierno bonaerense profundiza sus cuestionamientos a la Nación por la administración de los recursos públicos, mientras prepara una presentación judicial para que se investigue el manejo de los fondos destinados a prevenir inundaciones.
