La Asociación del Fútbol Argentino enfrenta un nuevo frente de controversia administrativa tras quedar en evidencia que el domicilio legal declarado como su nueva sede social no existe en los hechos. Según consta en documentos oficiales recientes, la dirección informada —ubicada sobre la calle Mercedes al 1300, en el partido bonaerense de Pilar— no alberga oficinas, edificios ni actividad institucional alguna.
El lugar señalado en los papeles corresponde, en la práctica, a una zona de terrenos baldíos, con pastizales y sin numeración visible. Allí debería levantarse, de acuerdo con la documentación presentada por la actual conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, la futura sede de la AFA y un museo dedicado a los campeonatos mundiales. Sin embargo, las inspecciones administrativas concluyeron que no hay obras en marcha ni señales concretas de funcionamiento.
La situación no es un detalle menor. Ese domicilio resulta clave dentro de una estrategia formal para modificar la jurisdicción legal de la entidad madre del fútbol argentino. El cambio implicaría dejar de estar bajo el control de los organismos nacionales con sede en la Ciudad de Buenos Aires y pasar a la órbita administrativa de la provincia, un movimiento que ya fue objetado por los entes fiscalizadores.
Las actuaciones incorporadas al expediente incluyen relevamientos en el lugar y testimonios de vecinos de la zona. Todos coincidieron en un punto central: en ese tramo de la calle Mercedes —rebautizada recientemente con otra denominación— no existe numeración catastral tradicional ni edificaciones asociadas a la AFA. La identificación de los terrenos se realiza por parcelas, una modalidad habitual en áreas semi rurales, lo que contradice la validez formal del domicilio declarado.
El único edificio de referencia en las inmediaciones es un polideportivo municipal. Allí, el personal confirmó que no funcionan oficinas vinculadas a la entidad futbolística ni se desarrollan actividades relacionadas con ella. Tampoco se registran movimientos administrativos, personal estable ni infraestructura que permita acreditar presencia institucional.
El único elemento visible que alude a la AFA es un cartel instalado hace varios años anunciando una obra “próxima”, colocado incluso en una vereda opuesta a la correspondiente al domicilio informado. Para los inspectores, este dato refuerza la inconsistencia entre lo declarado en los registros y la realidad territorial constatada.
Desde el punto de vista administrativo, la normativa es clara: una asociación civil debe fijar su sede legal en un lugar donde efectivamente funcione, desarrolle actividades y pueda ser fiscalizada. La ausencia total de ocupación o funcionamiento invalida el domicilio declarado y, en consecuencia, el intento de modificar la jurisdicción de control.
Este punto adquiere mayor relevancia porque el cambio de sede no solo tiene implicancias registrales, sino también judiciales. De prosperar, determinadas actuaciones y causas pasarían a tramitar en otro ámbito territorial, algo que quedó momentáneamente frenado tras las observaciones realizadas por los organismos competentes.
Mientras tanto, la conducción de la AFA sostiene la validez formal del domicilio, amparándose en decisiones internas aprobadas en asamblea. Sin embargo, para las autoridades administrativas ese argumento no alcanza si no existe correspondencia con una localización real y verificable.
Con este nuevo informe, el proceso de mudanza legal de la AFA queda en suspenso. Hasta tanto no se acredite una sede efectiva, con presencia física y actividad concreta, la entidad deberá continuar bajo el régimen de control vigente. La polémica suma así un nuevo capítulo, con más preguntas que respuestas sobre una dirección que, por ahora, no figura en el mapa.
