El juicio oral en la causa conocida como Cuadernos cerró su actividad anual con definiciones que anticipan un 2026 cargado de discusiones centrales. En la última audiencia del año, el Tribunal Oral Federal 7 confirmó que las defensas tendrán un tiempo limitado para presentar sus planteos preliminares cuando el proceso se reanude en febrero, una decisión que generó objeciones por parte de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner y del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.
El eje de la audiencia no solo estuvo puesto en el avance formal del expediente, con la lectura del requerimiento de elevación a juicio en uno de los tramos de la causa, sino también en la organización de la etapa que viene. Antes de que comenzara la exposición fiscal, las defensas cuestionaron el cronograma dispuesto por el tribunal, que fijó un máximo de 45 minutos para cada presentación preliminar. Según plantearon, ese plazo resulta insuficiente para abordar nulidades, objeciones probatorias y otros cuestionamientos de fondo.
Pese a los reclamos, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero resolvieron mantener el esquema previsto. El tribunal sostuvo que la limitación de tiempo apunta a ordenar el debate y garantizar un desarrollo eficiente del juicio, en una causa de gran volumen y complejidad, con numerosos imputados y hechos investigados.
Durante la audiencia se dio inicio a la lectura del requerimiento de elevación a juicio correspondiente al tramo denominado “Corredores Viales”. En este segmento están acusadas diez personas y no figura la expresidenta entre los imputados. La acusación fiscal sostiene que los hechos se inscriben en una estructura de asociación ilícita que habría funcionado entre 2003 y 2015, con el objetivo de recaudar fondos ilegales a partir del pago sistemático de sobornos.
Según la imputación, el mecanismo tenía como finalidad el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y el financiamiento de otras actividades delictivas. La fiscalía describió una operatoria sostenida en el tiempo, basada en pagos periódicos realizados por empresas concesionarias de corredores viales para conservar contratos, evitar sanciones y asegurar el flujo de fondos provenientes de fideicomisos estatales.
En ese esquema, Julio De Vido fue señalado como una figura central por su rol al frente del Ministerio de Planificación Federal. Se le imputan varios hechos de cohecho pasivo, en carácter de coautor, vinculados a distintos corredores viales. De acuerdo con la acusación, los pagos ilegales eran canalizados a través de Claudio Uberti, entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, a quien se atribuye la función de exigir y recibir los sobornos. Uberti enfrenta múltiples imputaciones por cohecho pasivo.
A lo largo de más de cuatro horas de audiencia, se detalló la mecánica de los pagos, que se habrían realizado en efectivo, bajo presión y con montos variables según el corredor y la etapa de la concesión. La fiscalía remarcó que se trató de una práctica reiterada, con participación activa de funcionarios y empresarios del sector.
La acusación también incluyó a directivos y responsables de distintas empresas concesionarias. Entre ellos figuran empresarios vinculados a los corredores viales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, a quienes se les atribuye haber realizado pagos ilegales de manera regular para sostener sus negocios con el Estado.
Tras un cuarto intermedio, la audiencia continuó con la exposición de la Unidad de Información Financiera, que actúa como querellante. El organismo sostuvo que la investigación permitió acreditar la existencia de una organización criminal que operó desde los niveles más altos del Poder Ejecutivo Nacional y del ex Ministerio de Planificación Federal. Según la UIF, el esquema de recaudación ilegal se apoyó en la coordinación entre funcionarios públicos y empresarios, y se replicó en distintos sectores como la obra pública, las concesiones viales, la energía y el transporte.
La UIF destacó además el valor de las declaraciones de los imputados colaboradores, que habrían permitido reconstruir el circuito de pagos, las exigencias formuladas desde el Estado y el destino de los fondos. En contraposición, varios empresarios sostuvieron en sus descargos que actuaron bajo amenazas y extorsiones, mientras que De Vido negó los hechos y rechazó haber integrado una asociación ilícita.
Sin definiciones sobre la feria judicial, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 3 de febrero de 2026, fecha en la que se retomará el debate. Allí comenzará una etapa decisiva, con el tratamiento de los planteos preliminares bajo el límite de tiempo ya fijado, que marcará el rumbo del juicio antes de la discusión de fondo.
