La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un nuevo paso en la ejecución de la condena contra el empresario Lázaro Báez al recibir fondos y bienes decomisados en el marco de la causa por lavado de dinero que investigó una de las estructuras financieras ilícitas más grandes detectadas en la Argentina en las últimas décadas. Se trata de más de 238 mil dólares incautados de distintas cuentas bancarias y poco más de 4 millones de pesos obtenidos a partir de la subasta de dos aeronaves que pertenecían al condenado.
La transferencia de esos fondos fue realizada por el Tribunal Oral Federal N.º 4, a cargo del juez Néstor Costabel, como parte del proceso de decomiso ordenado por la sentencia firme. El objetivo es alcanzar el monto total fijado por la Justicia, que supera los 60 millones de dólares y que representa el beneficio económico obtenido a través de maniobras de lavado de activos durante varios años.
A comienzos de diciembre, la Corte puso en marcha el procedimiento administrativo y legal para inscribir bajo su titularidad los bienes decomisados, tal como lo establecen el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación. Este paso es clave para avanzar luego en la restitución de esos activos al Estado nacional, una instancia que marca el cierre efectivo del circuito judicial iniciado hace más de una década.
La causa, conocida públicamente como Ruta del dinero K, concluyó con una condena dictada en abril de 2021, cuando el Tribunal Oral Federal N.º 4 estableció un decomiso por un total aproximado de 61,13 millones de dólares. Esa cifra fue desagregada en varias partidas, que incluyeron montos superiores a los 54 millones de dólares, sumas adicionales por 5 millones, más de 300 mil dólares, otros 950 mil y montos en pesos ajustados por inflación.
La sentencia fue confirmada en todas las instancias posteriores. En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el fallo, y en mayo de 2025 la Corte Suprema dejó firme la condena al rechazar los recursos presentados por las defensas. La decisión contó con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, lo que terminó de cerrar el debate judicial sobre la responsabilidad penal y económica de los condenados.
El avance en la ejecución del decomiso no estuvo exento de tensiones institucionales. Durante el proceso, el Gobierno nacional dispuso la creación del Consejo de Bienes Recuperados mediante el Decreto 575/2025, bajo la órbita del Ministerio de Justicia. La iniciativa generó una fuerte controversia, ya que la Corte había establecido que la administración de los bienes decomisados debía permanecer en manos de los jueces penales para resguardar la independencia del Poder Judicial.
La medida fue cuestionada judicialmente y derivó en una presentación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que denunció una intromisión en competencias propias del Poder Judicial. En octubre, el juez federal Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación del decreto, al considerar que alteraba de manera inconstitucional el esquema de gestión de bienes de origen ilícito y comprometía la autonomía presupuestaria de la Corte Suprema.
Más allá de las disputas administrativas, el expediente judicial dejó acreditado el funcionamiento de una organización criminal que operó entre diciembre de 2010 y abril de 2013. Según se probó en el juicio, el entramado utilizó la empresa Austral Construcciones y la financiera SGI para sacar del país y luego reingresar fondos de origen ilegal por más de 54,8 millones de dólares.
El dinero circulaba a través de bancos del exterior con controles mínimos y regresaba al país mediante mecanismos que simulaban inversiones legítimas. Una de las maniobras más utilizadas fue la compra de bonos de deuda pública, que permitía blanquear los fondos bajo la apariencia de capitales extranjeros destinados a la empresa insignia de Báez.
Uno de los capítulos más conocidos del caso fue el que involucró a la financiera conocida como “La Rosadita”, pero la investigación judicial fue más allá y detectó múltiples operaciones de lavado independientes entre sí. El tribunal consideró probado que parte del dinero ilícito se utilizó para adquirir bienes inmobiliarios de alto valor, tanto en zonas rurales como urbanas.
Entre esas operaciones figuró la compra de la estancia El Carrizalejo, ubicada en Mendoza, y de un departamento de lujo sobre la avenida Del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires. También se acreditó el uso de fondos ilegales para solventar gastos personales suntuarios, como la ostentosa boda de Leonardo Fariña y Karina Jelinek, un evento que se convirtió en uno de los símbolos públicos del derroche investigado.
La lista de bienes adquiridos con dinero proveniente del lavado incluyó además una flota de vehículos de alta gama, entre ellos un Ferrari California, una BMW X6 y un Audi R8 Spyder. En esas maniobras participaron distintos intermediarios y empresarios, cuyas responsabilidades también fueron analizadas a lo largo del proceso judicial.
Con la recepción de los fondos y el avance en la inscripción de los bienes decomisados, la Corte Suprema consolida una etapa decisiva de una causa que marcó un antes y un después en materia de delitos económicos y corrupción en la Argentina. El foco ya no está puesto únicamente en la condena penal, sino en la recuperación efectiva del dinero obtenido de manera ilegal, un punto central para cerrar el círculo de la investigación y garantizar que esos recursos regresen al patrimonio del Estado.
