El pedido lo hizo el fiscal Patricio Ferrari luego de que el abogado de Leopoldo Luque, Julio Rivas, tomara la palabra al comienzo de la audiencia e insistiera con recusar a la magistrada, quien está siendo investigada por presuntamente autorizar la realización de un documental del juicio sin consentimiento de las partes.
“Me veo en la obligación de mantener este pedido de recusación no solo por lo que ya he afirmado, sino porque en esas pruebas surge que la Dr. Mackintach ha autorizado gente para que pusiera una cámara en el primer día de audiencias, cuando el tribunal prohibió el ingreso de cámaras”, aseveró el defensor del neurocirujano imputado.
Mientras la jueza cuestionada escuchaba el planteo sin levantar la mirada -postura que mantuvo desde que ingresó a la sala-, el letrado Rivas afirmó que su intención no es revictimizar a los familiares que ya declararon y remarcó que su “interés es respetar el principio de legalidad y parcialidad de los magistrados en este debate”.
En este sentido, propuso: “Si me hacen lugar, voy a pedir la validez de todos los actos procesales llevados adelante en estas jornadas”.
Luego tomó la palabra el fiscal Ferrari, quien señaló: “Señores jueces, no ha escapado a ninguno de nosotros que lo sucedido en la última jornada a todas luces implica gravedad institucional. Muchas veces se habla de la gravedad institucional en sentido abstracto, pero desde la lógica y nacionalidad es lo que pasó. ¿Qué podríamos hacer ahora a partir de lo que observamos en la última audiencia? ¿Fingir demencia, hacer que no paso nada?“.
Ferrari, quien representa al Ministerio Público Fiscal junto a Cosme Iribarren, alegó que lo ocurrido compromete el prestigio del Poder Judicial y dijo que las primeras pruebas recabadas en la investigación iniciada a partir de la denuncia de los abogados Burlando y Baudry, “no son alentadoras”.
“Nos parece sumamente prudente el aplazamiento del juicio por un plazo de 10 días para resolver sobre un tema que aparece trayendo aparejada la gravedad institucional”, dijo el fiscal antes de concluir.
Su solicitud fue adherida por el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna, quien se manifestó a continuación alegando que “no se puede recuperar del impacto que generó los hechos conocidos en la última audiencia”.
También tuvo el aval del abogado de Jana Maradona, Félix Linfante, que citó al fiscal Ferrari al decir que “no se puede fingir demencia tras lo ocurrido”; de Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando; Pablo Jurado, de las hermanas de Diego Maradona; y del letrado que representa a Diego Junior.
El pedido de suspensión del juicio por 10 días -que es tiempo máximo que se puede frenar un debate, de acuerdo al Código Procesal de PBA- también fue apoyado por algunos abogados defensores.
Entre ellos, Vadim Mischachunk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov; Diego Olmedo, del psicólogo Carlos Díaz; y la defensora oficial María Julia Marcelli, que representa al clínico imputado Di Spagna.
