La jueza Julieta Makintach fue suspendida y enfrentará un juicio político por su participación en Justicia Divina, un documental grabado mientras aún se desarrollaba el proceso judicial por la muerte de Diego Maradona.
La decisión fue tomada por unanimidad por la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, y se basa en acusaciones de mal desempeño, abuso de autoridad y uso indebido de recursos del Estado. Mientras dure el proceso, Makintach cobrará solo el 40% de su salario y no podrá renunciar.
El caso explotó públicamente cuando se difundieron imágenes del documental donde se la ve como figura central, incluso en su despacho judicial. Aunque la jueza negó haber cometido irregularidades y aseguró que su participación fue fuera del horario laboral, el hecho de que el juicio debiera ser anulado por el escándalo fue un golpe difícil de revertir. El proceso judicial por la muerte del ídolo debió comenzar nuevamente.
Cinco de los ocho denunciantes ratificaron sus acusaciones, entre ellos el procurador Julio Conte Grand y varios legisladores bonaerenses. La defensa de Makintach sostiene que se trata de una operación mediática y política, pero el jury avanza firme y sin fisuras. La magistrada también recusó a la presidenta de la Suprema Corte, denunció irregularidades en el tribunal y pidió incluir a los otros jueces, aunque ninguno de esos recursos prosperó.
El episodio generó un fuerte debate sobre los límites entre justicia y exposición mediática. En provincias como Salta, donde también se discute el rol de los magistrados frente a la opinión pública, el caso resuena con fuerza. ¿Puede un juez participar en una narrativa audiovisual mientras tramita una causa de alto perfil? ¿Dónde termina la transparencia y comienza el espectáculo?
Mientras se define su futuro institucional, el juicio político a Makintach ya se convirtió en un caso testigo que marca un antes y un después en la relación entre justicia, medios y ética profesional.
