La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó en los últimos días nuevos datos relevantes. La Justicia confirmó que el funcionario realizó un viaje familiar al Caribe a fines de 2024, con pasajes en primera clase abonados en dólares, mientras avanza en el análisis de sus movimientos económicos y patrimoniales.
De acuerdo a la información incorporada al expediente, el viaje se llevó a cabo entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. Adorni viajó junto a su familia en vuelos de la aerolínea LATAM Airlines, con tickets que costaron unos 1450 dólares por persona. En total, el desembolso por los pasajes ascendió a 5800 dólares.
Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que los pasajes habrían sido pagados en efectivo y en moneda extranjera. Además, el itinerario incluyó escalas en Perú a la ida y en Ecuador en el regreso, lo que también quedó registrado en los informes requeridos por la fiscalía.
La causa está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó profundizar distintas líneas de investigación vinculadas al patrimonio del funcionario. En ese marco, el juez Ariel Lijo autorizó el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti. Esta medida permitirá acceder al detalle de consumos con tarjetas de crédito, movimientos de cuentas y otros registros financieros.
Uno de los aspectos que todavía no fue esclarecido es el costo del alojamiento durante la estadía en el Caribe. La fiscalía busca determinar cuánto dinero se destinó a ese rubro y si esos gastos se condicen con los ingresos declarados por el funcionario.
En paralelo, los investigadores analizan distintas operaciones en dólares realizadas en los últimos años. Entre ellas, aparecen compras inmobiliarias y pagos significativos que están siendo contrastados con la evolución de sus ingresos.
Según consta en el expediente, el salario de Adorni se mantuvo congelado durante gran parte de su función pública y rondaba los 3 millones de pesos mensuales hasta diciembre pasado. Este dato es clave para la fiscalía, que intenta establecer si existe una desproporción entre los ingresos formales y los gastos detectados.
Entre las operaciones bajo revisión figura la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La propiedad fue adquirida por un valor total de 230.000 dólares. En ese contexto, se registró un pago inicial de 30.000 dólares, mientras que el resto fue cubierto mediante una hipoteca otorgada por las propias vendedoras.
A esta transacción se suma otra operación inmobiliaria vinculada a una vivienda en el country Indio Cuá. En ese caso, el valor total fue de 120.000 dólares. Según la documentación analizada, 100.000 dólares provinieron de una hipoteca previa sobre otro inmueble, mientras que los 20.000 dólares restantes fueron abonados al momento de la compra.
La fiscalía busca reconstruir el flujo de fondos que permitió concretar estas adquisiciones, así como también determinar el origen del dinero utilizado en cada caso. El objetivo es establecer si los movimientos financieros pueden justificarse con los ingresos declarados o si existen inconsistencias que puedan derivar en una imputación formal.
Mientras tanto, la causa sigue avanzando con el análisis de documentación bancaria, registros impositivos y nuevos pedidos de información a distintas entidades. El foco está puesto en esclarecer si hubo o no un incremento patrimonial injustificado en los últimos años.
