La denuncia penal impulsada por la Casa Militar contra los periodistas de la señal TN por presunto espionaje quedó al borde del archivo. Este martes, el fiscal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el Juzgado Federal N° 4 en el que sostiene que el accionar de los cronistas no encuadra en figuras penales, a pesar de las sanciones administrativas aplicadas por el Poder Ejecutivo.
El conflicto se originó tras la emisión de un informe en el programa "¿Y mañana qué?", donde se utilizaron lentes especiales para registrar imágenes en los pasillos de la sede gubernamental. El Gobierno, a través del jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, calificó el hecho como una "revelación de secretos" que ponía en riesgo la defensa nacional en un contexto de tensión internacional.
Los argumentos de la fiscalía
Tras analizar el material crudo y el programa emitido, Pollicita fue tajante al descartar la relevancia penal de los sucesos:
- Contenido irrelevante para la seguridad: El fiscal señaló que las imágenes muestran únicamente "pasillos y espacios vacíos" y aspectos generales de un edificio público.
- Información de dominio público: El dictamen subraya que los detalles estructurales denunciados ya están disponibles en herramientas como Google Maps, la web oficial de la Casa Rosada o YouTube.
- Falta de precisión: La fiscalía advirtió que la denuncia inicial no logró precisar cuáles fueron los supuestos secretos revelados que habrían perturbado el funcionamiento de la institución.
Consecuencias administrativas vs. Relevancia penal
Si bien el fiscal reconoció que la actividad se realizó de forma "clandestina" y sin las autorizaciones correspondientes, aclaró que esto no implica la comisión de un delito federal. En ese sentido, validó que el Ejecutivo ya ha ejercido su facultad de sanción al suspender las acreditaciones de los periodistas involucrados bajo la Resolución 1319/2025.
La medida del Gobierno de restringir el acceso a la prensa acreditada tras este incidente generó una fuerte polémica sobre los límites de la libertad de expresión y los protocolos de seguridad en la Casa de Gobierno.
Con el dictamen de Pollicita sobre la mesa, la decisión final queda en manos del juez Ariel Lijo. Si el magistrado acompaña el criterio del fiscal, la causa será archivada definitivamente, cerrando un capítulo de alta tensión entre la administración actual y los medios de comunicación.
