Un peritaje contable de la Justicia detectó inconsistencias entre los ingresos declarados por Martín Insaurralde y los gastos registrados durante varios años, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ex intendente de Lomas de Zamora.
El informe elaborado por el Cuerpo de Peritos Contadores advirtió diferencias entre el patrimonio informado, los movimientos financieros y el nivel de consumo asociado a Insaurralde y su ex pareja Jésica Cirio. Según el análisis, una parte importante de las erogaciones no tendría documentación suficiente que permita justificar su origen.
La investigación judicial surgió luego de que tomara estado público el denominado “yategate”, tras la difusión de imágenes de Insaurralde junto a Sofía Clerici durante un viaje a Marbella. Ese episodio abrió una causa que ahora incorpora nuevos elementos vinculados a la situación económica del ex funcionario.
Entre los gastos observados aparecen viajes internacionales, propiedades, vehículos, consumos de alto valor y otros desembolsos realizados durante la relación entre Insaurralde y Cirio. Los peritos señalaron que en algunos períodos analizados los gastos superaron ampliamente los ingresos registrados oficialmente.
El informe también puso bajo revisión distintos años en los que se habrían producido desbalances entre los recursos declarados y el nivel de gastos, incluyendo períodos correspondientes a 2014, 2017, 2018, 2019 y 2023.
Uno de los puntos que analiza la Justicia está relacionado con los viajes realizados por Insaurralde durante su etapa como funcionario público. En total, se registraron 76 vuelos internacionales, un dato que forma parte del análisis sobre su evolución patrimonial y sus movimientos económicos.
Además del viaje a Marbella, los investigadores revisaron gastos vinculados a alojamientos exclusivos, restaurantes, compras y otros consumos de elevado valor que, según la pericia, no contarían con respaldo documental completo.
Los especialistas también detectaron diferencias entre declaraciones fiscales, movimientos bancarios y registros patrimoniales. Estas observaciones podrían derivar en nuevas medidas judiciales para determinar si existieron fondos cuyo origen no fue informado.
El peritaje no determina por sí mismo la existencia de un delito, ya que esa evaluación corresponde al juez a cargo de la causa. Sin embargo, los resultados incorporados al expediente plantean interrogantes sobre la relación entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado.
La investigación continuará con el análisis de la documentación reunida y las posibles explicaciones sobre los movimientos económicos detectados. El caso mantiene bajo la lupa la situación patrimonial del ex funcionario y el origen de los fondos utilizados para sostener determinados gastos.
