La Justicia federal impuso una multa diaria de $100.000 a Diego Santilli, jefe de Gabinete, por el incumplimiento de una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas y garantizar los fondos para becas estudiantiles.
La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, quien ya había advertido sobre posibles sanciones ante la falta de cumplimiento. El monto podrá modificarse y otros funcionarios podrían quedar alcanzados si persiste la demora.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había reclamado que se hiciera efectiva la multa al considerar que el Ejecutivo seguía sin cumplir las obligaciones establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución judicial mantiene vigente la obligación de recomponer los ingresos del personal universitario y actualizar los recursos destinados a los estudiantes. La discusión sobre otros aspectos de la normativa no suspende el cumplimiento de la cautelar.
En paralelo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal debe resolver una apelación del Estado contra otro fallo que declaró inconstitucional un artículo del decreto 759/2025, que condicionaba la aplicación de la ley a la disponibilidad de recursos presupuestarios.
Sin embargo, se trata de dos cuestiones diferentes. La cautelar que ordena actualizar los salarios y garantizar las becas ya había sido confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario del Estado el 25 de junio de 2026.
La Ley 27.795 establece que los salarios docentes y no docentes deben recomponerse para compensar la inflación acumulada entre enero de 2023 y julio de 2025. Según el cálculo incorporado al expediente, esa actualización representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.
Además, la normativa dispone que las remuneraciones se actualicen mensualmente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y contempla la recomposición de los fondos destinados a las becas estudiantiles.
Con la aplicación de multas diarias, la Justicia busca que el Gobierno deje de postergar el cumplimiento de una obligación que continúa vigente. La sanción pone el foco sobre la responsabilidad de los funcionarios y suma presión en medio del conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
