La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa de José Luis Espert y confirmó la validez de las medidas de prueba realizadas en la investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En una resolución firmada por los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones, el tribunal consideró que las actuaciones cuestionadas se ajustaron a la normativa aplicable y que no se acreditaron vulneraciones de garantías constitucionales.
La defensa del exdiputado había objetado distintas diligencias impulsadas por el fiscal federal Rodolfo Domínguez. Entre otros argumentos, sostuvo que el funcionario había excedido sus atribuciones al ordenar medidas posteriores a la declaración indagatoria de Espert y cuestionó la realización de testimoniales sin notificación previa, los informes patrimoniales, la incorporación de documentación de inteligencia y las pericias sobre teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.
Los jueces desestimaron los planteos y concluyeron que los argumentos de la defensa no demostraban la existencia de irregularidades que justificaran invalidar las actuaciones. De esta manera, las medidas de prueba cuestionadas continuarán formando parte del expediente.
Qué planteó la defensa y por qué la Cámara rechazó las nulidades
Uno de los cuestionamientos apuntó a las diligencias ordenadas por el fiscal después de la indagatoria. La defensa sostuvo que Domínguez había excedido sus facultades, pero la Cámara entendió que el pedido para que el juzgado retomara la instrucción no suspendía automáticamente las atribuciones investigativas del Ministerio Público Fiscal.
Los abogados también objetaron las declaraciones testimoniales tomadas sin aviso previo. Sin embargo, los magistrados señalaron que la defensa no individualizó de manera suficiente las audiencias cuestionadas ni explicó qué perjuicio concreto había sufrido. Además, consideraron que esas diligencias podían reproducirse durante el proceso, por lo que no se acreditó un daño irreparable que justificara declarar su nulidad.
Otro eje de la presentación fueron los informes patrimoniales sobre Espert, su pareja y otras personas vinculadas con la investigación. La defensa cuestionó los requerimientos de información dirigidos a organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.
La Cámara tampoco hizo lugar a ese planteo. En la misma línea, descartó que la incorporación de informes de inteligencia reservados hubiera provocado un perjuicio concreto, dado que, según la resolución, esos documentos no habían sido invocados por la fiscalía como prueba de cargo.
Por último, los jueces mantuvieron la validez de los peritajes sobre las copias informáticas de los dispositivos electrónicos secuestrados. La defensa había objetado que las extracciones se realizaran sin la intervención de un perito de parte y cuestionó el alcance del acceso a la información almacenada.
El tribunal consideró que no se habían acreditado motivos suficientes para invalidar esas diligencias y tuvo en cuenta los límites fijados para resguardar contenidos íntimos y comunicaciones protegidas.
La Cámara también rechazó el intento de apartar al fiscal
En una resolución separada, la Cámara Federal de San Martín rechazó la queja de la defensa para intentar apartar al fiscal Domínguez de la investigación. Los abogados habían alegado una supuesta "pérdida de objetividad" y afirmado que el funcionario exteriorizaba un interés ajeno al expediente.
El camarista Alberto Agustín Lugones entendió que la presentación no demostraba arbitrariedad ni un perjuicio de imposible reparación ulterior que justificara habilitar una nueva revisión judicial. Por ese motivo, el fiscal continuará al frente de la pesquisa.
Ambas decisiones representan un revés para la estrategia de la defensa, que buscaba invalidar diligencias y cuestionar la intervención del representante del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, los fallos no determinan la responsabilidad penal de Espert: resuelven sobre la validez de las medidas de investigación y la continuidad del fiscal.
La causa por los USD 200.000 vinculados a Fred Machado
La investigación busca determinar el origen y la finalidad de un pago de USD 200.000 que Espert habría recibido en 2020 de una empresa vinculada con Federico "Fred" Machado, empresario argentino declarado culpable en Estados Unidos por delitos financieros relacionados con el lavado de activos y el narcotráfico.
El exdiputado sostuvo que el dinero correspondió a un contrato de consultoría privada. La fiscalía, en cambio, investiga si la operación pudo encubrir fondos de origen ilícito mediante una contratación simulada.
El expediente también analiza la evolución patrimonial de Espert y los movimientos financieros asociados con las personas y sociedades vinculadas a la pesquisa. La validez de los informes patrimoniales y las pericias tecnológicas resulta relevante para esa línea de investigación.
Con el rechazo de los planteos de nulidad y del intento de recusación, la causa continuará su curso en los tribunales federales de San Isidro. El juzgado deberá avanzar con el análisis de las pruebas incorporadas y resolver los próximos pasos procesales.
