La Libertad Avanza confirmó que impulsará un pedido de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación de la norma que establece en 14 años la edad mínima de imputabilidad penal.
La iniciativa es promovida por Sebastián Pareja, principal referente de LLA en la provincia de Buenos Aires, junto con un equipo de asesores que analiza los pasos legales para avanzar contra la magistrada.
El conflicto surgió a partir de una medida cautelar dictada por Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora. La jueza ordenó frenar preventivamente la aplicación de la Ley 27.801, vigente a nivel nacional desde el 5 de septiembre.
Según los fundamentos de la resolución, la provincia no contaría con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para aplicar el nuevo régimen penal juvenil bajo los estándares de protección de los derechos de niños y adolescentes.
Desde La Libertad Avanza rechazaron ese argumento y cuestionaron con dureza la decisión judicial. Pareja sostuvo que este tipo de resoluciones terminan dificultando las políticas destinadas a combatir la inseguridad y afirmó que existen sectores de la Justicia que buscan impedir la aplicación de normas aprobadas por el Congreso.
El dirigente también anunció que el espacio trabajará para determinar el mecanismo correspondiente para promover la remoción de la magistrada.
A esta ofensiva política se sumó una presentación de la asociación civil Usina de Justicia, que denunció a Pascual por presunta usurpación funcional y abuso de autoridad a raíz de su intervención en la aplicación de la nueva legislación.
El titular del bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, también cuestionó el fallo y sostuvo que la decisión judicial favorece la continuidad de la impunidad frente a los delitos cometidos por menores.
La resolución de Pascual se originó en un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, organización vinculada al sacerdote José María “Pepe” Di Paola.
Mientras continúa la disputa judicial y política, la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años permanece suspendida en la provincia de Buenos Aires por un plazo de dos meses.
El próximo paso será una audiencia prevista para el 16 de septiembre. En esa instancia, el Gobierno bonaerense deberá informar sobre las condiciones de infraestructura y las adecuaciones realizadas en los centros destinados al alojamiento de menores en conflicto con la ley penal.
La discusión vuelve a poner en el centro del debate la implementación del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, las condiciones del sistema de alojamiento y el alcance de las decisiones judiciales frente a las políticas de seguridad.
