La Justicia de San Luis determinó que la mujer que recibió por error una transferencia de más de $500 millones no deberá pagar la fianza.
El caso se dio a conocer a mediados de mayo en la localidad de Villa Mercedes. Verónica Acosta esperaba una transferencia de $8000 por parte del papá de uno de sus hijos y cuando entró al sitio web del banco advirtió que le habían depositado un monto mucho mayor.
La acusada compró electrodomésticos, comida, cerámicas para el piso, una mochila para el inodoro, ropa para sus hijos y hasta le hizo transferencias a sus familiares para cubrir las necesidades. Al día siguiente, allanaron su casa y la detuvieron.
La suma total por la que fue imputada era de $510. 236.811. Finalmente, luego de más de un mes, la Justicia resolvió desestimar la fianza que se había impuesto sobre los imputados, la cual comprendía un monto total de $30 millones ($5 millones por cada uno).
Asimismo, ordenó dejar sin efecto la prisión preventiva, según precisó el abogado de la mujer, Hernán Echeverría, en diálogo con El Diario de la República.
Los involucrados habían sido procesados por los delitos de defraudaciones, especializada por el uso de tarjeta de débito continuado (art. 173 inc. 15 CP), fraude a la administración pública (art. 174 inc. 5 CP) y retención indebida (art. 173 inc. 2 CP).
La defensa sostuvo que no había elementos típicos para aplicar estos delitos sobre los imputados. La norma sanciona a quien defrauda mediante el uso de tarjetas falsificadas, adulteradas, robadas o cuyos datos fueron obtenidos mediante algún tipo de engaño. Sin embargo, nada de eso sucedió en este caso. Incluso la billetera utilizada por Verónica corresponde legítimamente a ella y no se probó falsificación o uso de datos ajenos.
Por otra parte, insistieron en que no se acreditó ningún tipo de engaño ni ardid contra la administración pública provincial ni se registró perjuicio directo derivado de una acción deliberadamente fraudulenta. La transferencia que originó el conflicto fue una operación bancaria “aparentemente errónea o automatizada”, sin que los imputados hayan tenido relación con ella.
También destacó que los acusados colaboraron con la situación: mientras el sistema bancario revirtió $465.690.542, quedó un saldo cercano a los $44 millones, que luego fue localizado en billeteras virtuales y bienes secuestrados o devueltos voluntariamente, lo que demuestra que no hubo intención de ocultar los fondos.
También manifestaron que la fianza resultaba “irrazonable, excesiva y discriminatoria”, considerando que los imputados carecen de antecedentes penales, que tienen arraigo, domicilio, trabajo y familia en la jurisdicción, así como también predisposición para someterse al proceso.
Por último, subrayaron que la suma de la fianza superaba ampliamente la capacidad económica de los imputados y representaba un trato desigual con relación a otros precedentes conocidos.
