En 2025, la pobreza infantil en Argentina se ubicó en el 42,3%, lo que representó una baja en comparación con el año anterior y el registro más bajo desde 2018. Sin embargo, el descenso no alcanza para instalar un escenario de estabilidad sostenida, ya que las proyecciones para el inicio de 2026 anticipan un posible nuevo incremento.
De acuerdo con un informe de UNICEF Argentina, alrededor de 5,1 millones de niñas, niños y adolescentes vivían en hogares pobres hacia el cierre de 2025, una cifra menor a los 6,3 millones registrados en 2024. La mejora se explica en parte por la evolución de los ingresos familiares y ciertas transferencias sociales, aunque el impacto no es uniforme en todos los sectores.
El documento también detalla que el 9,4% de la población infantil se encuentra en situación de indigencia, un indicador que, si bien retrocedió respecto de períodos anteriores, continúa reflejando niveles críticos de vulnerabilidad. En paralelo, se advierte que la estructura de ingresos y el comportamiento del mercado laboral siguen condicionando la evolución de estos indicadores.
Uno de los puntos más relevantes del informe es la desigualdad que atraviesa a la infancia según las condiciones del hogar. En familias donde el nivel educativo de los adultos es bajo, la pobreza asciende al 68%, mientras que cuando el referente adulto se encuentra desocupado, el índice trepa hasta el 74,8%. Estos datos muestran cómo las brechas estructurales profundizan el problema más allá del promedio general.
También se observa una mayor incidencia de la pobreza en hogares monomarentales, donde la jefatura femenina concentra el sostenimiento económico. En esos casos, el indicador alcanza el 52,8%, lo que evidencia la carga desigual que recae sobre las mujeres en la organización del hogar y el cuidado.
El informe señala además que siete de cada diez hogares con niñas, niños y adolescentes recurrieron en algún momento a estrategias de emergencia para complementar ingresos, como endeudamiento, venta de pertenencias o compras fiadas. Estas prácticas reflejan la fragilidad de muchas economías familiares frente a la inflación y la inestabilidad del ingreso.
Otro dato relevante es que el 42,8% de los chicos y chicas presenta al menos una privación no monetaria, vinculada a condiciones básicas como vivienda adecuada, acceso a servicios, educación o saneamiento. Este indicador refuerza la idea de que la pobreza no se limita únicamente a los ingresos, sino que impacta en múltiples dimensiones de la vida cotidiana.
Las transferencias estatales aparecen como un factor que atenúa parcialmente la situación. Según el relevamiento, sin estos aportes la indigencia infantil sería significativamente mayor, lo que pone en evidencia su rol como red de contención en contextos de alta vulnerabilidad.
A pesar de la baja registrada durante 2025, el informe advierte que la tendencia podría revertirse en el primer semestre de 2026, con una proyección cercana al 44,4% de pobreza infantil. La evolución de los ingresos, el empleo y el costo de la canasta básica serán determinantes en ese escenario, que aún aparece abierto y condicionado por la dinámica económica general.
