La discusión por el Presupuesto nacional sumó un nuevo foco de tensión con la preocupación expresada por el sector de la salud privada frente a la eliminación de la Emergencia Sanitaria. Desde las entidades que agrupan a clínicas, sanatorios y prestadores médicos advierten que la medida podría generar un impacto directo sobre el empleo y la continuidad de miles de instituciones en Argentina.
El planteo fue realizado por la Unión Argentina de Salud (UAS), que manifestó su alarma ante la exclusión del artículo que prorrogaba la Emergencia Sanitaria dentro del proyecto presupuestario. Según el sector, de confirmarse ese escenario, más de un millón de trabajadores registrados quedarían expuestos a la pérdida de sus fuentes laborales, en un contexto de fuerte fragilidad financiera para el sistema de salud privado.
La entidad nuclea a 17 asociaciones y cámaras vinculadas a la actividad sanitaria, entre ellas laboratorios, clínicas, centros de diagnóstico, servicios odontológicos, empresas de emergencias médicas y establecimientos bioquímicos. Desde ese amplio entramado aseguran que la eliminación del régimen vigente dejaría en situación crítica a más de 5.000 instituciones en todo el país, muchas de las cuales ya atraviesan dificultades para sostener su funcionamiento.
Uno de los puntos centrales del reclamo está vinculado a la pérdida del régimen de inembargabilidad que protege a los prestadores frente a ejecuciones fiscales. Desde la UAS sostienen que, sin esa herramienta, las deudas impositivas podrían derivar en embargos sobre cuentas y activos esenciales, afectando de manera inmediata la prestación de servicios médicos y la atención de pacientes.
En ese sentido, remarcan que la continuidad del régimen no implica una condonación de obligaciones fiscales, sino una medida transitoria destinada a evitar la paralización del sistema sanitario. La preocupación radica en que, sin un marco de protección normativa, muchas instituciones quedarían al borde del cierre a partir de 2026, con consecuencias directas sobre el acceso a la salud y el empleo.
El comunicado del sector también advierte que la salud no puede ser tratada como una actividad económica más. A diferencia de otros rubros, señalan que el sistema sanitario requiere previsibilidad, reglas claras y decisiones urgentes que contemplen la realidad financiera de los prestadores, especialmente en un contexto de inflación, aumento de costos y retraso en los ingresos.
La eliminación del capítulo del Presupuesto que contenía la prórroga de la Emergencia Sanitaria se dio junto a otros cambios sensibles, como la derogación de normas vinculadas al financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad, la movilidad de las asignaciones familiares y beneficios relacionados con zonas frías. Sin embargo, desde la salud privada advierten que el impacto sobre el sector puede ser inmediato y profundo.
Desde la UAS insisten en la necesidad de dictar una norma específica que garantice la continuidad de los mecanismos de protección vigentes. Aseguran que sin una respuesta rápida, el sistema podría enfrentar una situación de extrema vulnerabilidad, afectando no solo a los trabajadores del sector, sino también a millones de personas que dependen de la atención en clínicas y sanatorios privados.
El debate continúa en el ámbito legislativo, mientras el sector sanitario privado sigue de cerca el tratamiento del Presupuesto. En juego, advierten, no solo están los números fiscales, sino la estabilidad del sistema de salud y el derecho de la población a acceder a prestaciones médicas esenciales.
