En un nuevo capítulo de la extensa causa conocida como "la ruta del dinero K", el empresario Lázaro Báez fue golpeado nuevamente por la Justicia federal, que ordenó el decomiso de una impresionante cantidad de bienes a su nombre y al de su hijo, Martín Báez. La resolución incluye más de 50 propiedades distribuidas en distintas partes del país y el mundo, junto con la repatriación de fondos millonarios desde paraísos fiscales como Bahamas y Suiza.
El Tribunal Oral Federal N°4 dispuso que los activos pasen a manos del Estado, en el marco de las penas impuestas por los delitos vinculados al lavado de dinero durante los años de mayor auge del kirchnerismo. La medida incluye la transferencia directa de inmuebles a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que generó una inmediata reacción por parte de la defensa del empresario, que ya anticipó una apelación.
Más de 4 millones de dólares repatriados
Entre los bienes más resonantes que Báez deberá entregar, se destacan más de 4 millones de dólares que estaban escondidos en cuentas bancarias en el exterior. Según se detalló en el fallo, se logró recuperar desde el Banco CBH de Bahamas una suma de 2.981.646 dólares, pertenecientes a la sociedad Eastern Shoreline Limited, una de las firmas utilizadas por el empresario para mover el dinero fuera del país.
A esa cifra se suman otros 1.009.391 dólares que también estaban en Bahamas, pero bajo otra cuenta bancaria. Además, desde el Banco Lombard Odier de Suiza, se ordenó el traspaso inmediato de una cuenta vinculada a la sociedad Tyndall Inc. Limited, por un monto de 907.202 dólares más los intereses acumulados. Todo ese dinero será ahora destinado a resarcir al Estado nacional, como parte de las penas impuestas por la Justicia.
Propiedades, aviones y un entramado de lujo
La lista de bienes decomisados no se agota en el dinero. También incluye 56 propiedades, entre departamentos, casas, lotes, cocheras y quintas, muchas de ellas en zonas de alto valor inmobiliario. Estas propiedades estaban a nombre de Lázaro Báez y su hijo Martín, ambos condenados por su rol en la estructura de lavado de activos que funcionó durante varios años a la sombra del poder político.
Además, se suman los montos obtenidos por la subasta de dos aviones privados: un Rockwell Commander y un Learjet, este último con matrícula LV-BPL. Por la venta de estas aeronaves, el Estado se adjudicó cerca de 4,3 millones de pesos. El paquete total de bienes representa un impacto económico importante para el empresario, que ya había sido embargado por una suma cercana a los 320 millones de pesos en etapas previas del proceso judicial.
Un fallo que genera polémica
Como era de esperarse, la defensa de Báez reaccionó con dureza ante la decisión del tribunal. En un escrito presentado ante el TOF N°4, los abogados señalaron “graves errores” en el fallo y cuestionaron la legalidad del decomiso. Alegan que se habrían confundido las figuras de multa y decomiso, y que incluso se habrían incluido bienes que no figuran directamente a nombre del empresario.
Entre los argumentos presentados, también se menciona una supuesta irregularidad en las fechas del fallo. Según el escrito, el documento judicial fue fechado erróneamente el 25 de agosto, lo que, a criterio de la defensa, podría acarrear consecuencias jurídicas que invaliden el procedimiento.
La defensa también remarcó que, por ley, solo pueden ser decomisados aquellos bienes que hayan sido parte del patrimonio del condenado durante la comisión del delito, o que hayan ingresado posteriormente como producto del mismo. Aseguran que no se cumplió este requisito en todos los casos incluidos en la resolución judicial.
Por tal motivo, adelantaron que recurrirán la decisión “en tiempo y forma” ante un tribunal superior, y pidieron suspender los efectos de la medida hasta tanto haya una sentencia firme. Advirtieron, además, que ordenar la transferencia directa de inmuebles a la Corte Suprema sin la intervención de otros organismos competentes podría derivar en un conflicto institucional y financiero de gran escala.
Un caso que sacudió la política y la economía
El caso de la “ruta del dinero K” lleva más de una década sacudiendo los cimientos de la política argentina. Lázaro Báez, un empresario que pasó de ser un empleado bancario en Santa Cruz a convertirse en uno de los contratistas más favorecidos durante los gobiernos kirchneristas, fue condenado por lavar más de 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.
La Justicia logró probar la existencia de un entramado financiero diseñado para fugar y ocultar fondos provenientes de contratos públicos. En el juicio se ventiló la existencia de sociedades offshore, valijas con dinero transportadas al exterior, cuentas ocultas en paraísos fiscales y compras millonarias de inmuebles con fondos cuyo origen no pudo ser justificado.
¿Qué pasa ahora?
Con esta nueva resolución judicial, Báez enfrenta una situación patrimonial cada vez más complicada. Ya no solo está condenado penalmente, sino que su fortuna personal y familiar está siendo desmantelada pieza por pieza. Mientras tanto, los organismos judiciales siguen trabajando para recuperar el dinero que, según las investigaciones, fue sustraído al Estado argentino.
Si bien la defensa aún tiene recursos por agotar, el camino legal parece cada vez más empinado para el empresario. El mensaje que envía esta decisión judicial es claro: las estructuras de corrupción, por más complejas que sean, no son inmunes a la acción de la Justicia.
