La inmobiliaria Los Sauces S.A., perteneciente a la familia Kirchner, quedó nuevamente bajo la lupa judicial durante el juicio por la causa Hotesur y Los Sauces. En las primeras audiencias, la Fiscalía expuso una serie de presuntas irregularidades en el funcionamiento de la sociedad y describió cómo Cristina y Máximo Kirchner habrían concentrado las principales decisiones de la empresa.
Uno de los aspectos señalados por la acusación fue que la firma habría funcionado durante años sin una sede comercial propia ni empleados vinculados directamente con sus actividades. Además, se cuestionó la forma en que se administraban sus propiedades y los contratos de alquiler con empresarios investigados en la causa.
Los Sauces fue creada el 7 de noviembre de 2006 en Río Gallegos, Santa Cruz, por Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su hijo Máximo. La sociedad nació con un capital inicial de 100.000 pesos, distribuido en partes iguales del 45% para cada uno de los expresidentes y un 10% para su hijo.
Desde su constitución, Máximo Kirchner quedó al frente del directorio, mientras que sus padres ocuparon cargos suplentes. Según la investigación, la conducción de la compañía permaneció durante casi una década en manos de integrantes de la familia o personas de su círculo cercano.
En 2012, Florencia Kirchner se incorporó como vicepresidenta y, en 2015, Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner, asumió la presidencia de la sociedad.
El control familiar y los alquileres
La Fiscalía sostuvo que la estructura administrativa de Los Sauces estaba organizada para mantener el control dentro del entorno familiar. También indicó que Máximo Kirchner tuvo facultades para representar a sus padres y tomar decisiones sobre distintos aspectos de la compañía.
Entre esas atribuciones figuraban la aprobación de balances, la compra de propiedades, la construcción de inmuebles y la autorización de contratos de alquiler.
La investigación puso especial atención en los vínculos comerciales con empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, cuyas empresas alquilaron propiedades pertenecientes a Los Sauces.
Para los fiscales, esos contratos habrían sido parte de un circuito destinado al presunto lavado de activos. La acusación también cuestionó que los alquileres no fueran analizados ni aprobados formalmente por los órganos de administración de la sociedad.
Una empresa sin estructura comercial
Otro punto central de la investigación fue la falta de una estructura operativa acorde con las actividades declaradas por la inmobiliaria.
Aunque en los registros figuraban tres domicilios vinculados a Los Sauces, ninguno funcionaba como una oficina comercial de la empresa. Se trataba de un estudio contable, la vivienda particular de Máximo Kirchner y el estudio del contador Víctor Manzanares.
La situación también llamó la atención por la escasa cantidad de personal. Desde su creación hasta abril de 2010, la firma no registró empleados. Ese año incorporó a un jardinero que trabajaba para Cristina Kirchner y, en junio de 2015, sumó a Florencia Kirchner. La investigación señaló que no estaban claras las funciones que ambos cumplían dentro de la sociedad.
Además, la Fiscalía identificó un período de inactividad comercial entre diciembre de 2006 y enero de 2009. Durante ese tiempo, Los Sauces habría incorporado alrededor de diez propiedades, terrenos y hoteles.
Para la acusación, esas adquisiciones habrían permitido construir una estructura patrimonial que posteriormente se utilizó para canalizar fondos mediante contratos de alquiler.
El planteo fiscal sostiene que la sociedad habría sido utilizada para desarrollar una maniobra de lavado de dinero, con participación de integrantes de la familia Kirchner y empresarios vinculados a sus negocios.
Las responsabilidades individuales y el alcance de las operaciones forman parte de los puntos que se analizan en el juicio, donde se busca determinar cómo funcionaba la estructura societaria y qué papel tuvo cada uno de sus integrantes.
