La causa judicial que investiga el origen de una lujosa mansión en la localidad bonaerense de Pilar y una serie de bienes de alto valor vinculados al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que podría demorar su avance.
Las declaraciones indagatorias de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros del dirigente deportivo, fueron suspendidas tras un pedido de cambio de jurisdicción presentado por la defensa.
La decisión fue tomada por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien resolvió postergar las declaraciones previstas para este lunes luego de que los imputados solicitaran que la causa sea remitida a la justicia federal de Campana. El planteo apunta a que sea ese fuero el que continúe con la investigación, argumentando una cuestión de competencia territorial vinculada a la ubicación de los bienes bajo sospecha.
Pantano y Conte debían declarar por videoconferencia a partir de las 11 de la mañana, pero la audiencia quedó sin efecto antes de concretarse. El magistrado consideró necesario aguardar la resolución del pedido de cambio de juzgado antes de avanzar con las indagatorias, una medida que, en los hechos, introduce una pausa clave en el proceso.
El planteo fue presentado por el abogado defensor de ambos imputados, quien sostuvo que los bienes investigados, entre ellos una mansión de alto valor, decenas de vehículos de lujo y una vivienda en un exclusivo barrio privado de Pilar, se encuentran dentro de la jurisdicción del juzgado federal de Campana. En ese sentido, solicitó que sea ese tribunal el que continúe con la causa.
Ahora, el primer paso será la intervención del fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, quien cuenta con un plazo de tres días hábiles para emitir su opinión. Posteriormente, el juez Adrián González Charvay, titular de ese juzgado, tendrá otros tres días para resolver si acepta o rechaza el pedido. Sin embargo, el cierre del año judicial complica los tiempos, ya que restan pocos días hábiles, lo que abre la posibilidad de que se deba habilitar la feria judicial para tratar el planteo.
Mientras tanto, y hasta que se defina la cuestión de competencia, la investigación continúa formalmente bajo la órbita del juez Aguinsky, quien está facultado para seguir adelante con las medidas de prueba ya ordenadas. No obstante, el pedido de cambio de juzgado introduce incertidumbre sobre los plazos y el ritmo que tendrá la causa en los próximos meses.
Este no es el primer conflicto en torno a qué juez debe intervenir en el expediente. Cuando la denuncia penal fue presentada originalmente, la causa recayó en un juzgado federal, pero luego fue derivada al fuero Penal Económico. Esa decisión fue objeto de idas y vueltas judiciales hasta que una instancia superior resolvió que el caso debía quedar en ese ámbito, confirmando finalmente la intervención de Aguinsky.
En una de sus primeras resoluciones, el juez había notificado a Pantano y Conte de su derecho a prestar declaración indagatoria. Ambos aceptaron hacerlo y se fijó la audiencia que finalmente fue suspendida. Con la nueva presentación de la defensa, ni siquiera llegaron a conectarse a la plataforma virtual dispuesta para la declaración.
El eje de la investigación gira en torno a la sociedad “Real Central SRL”, que figura como propietaria de una mansión valuada en millones de dólares, de más de 50 vehículos de lujo y de colección, y de otra propiedad en un exclusivo barrio privado de Pilar. Pantano y Conte aparecen formalmente como titulares de la firma, aunque, según los investigadores, no contarían con la capacidad económica necesaria para justificar la adquisición de semejante patrimonio.
De acuerdo a los datos incorporados a la causa, ambos están inscriptos como monotributistas, Pantano registra deudas y Conte es jubilada, con ingresos que incluirían una asistencia previsional. Estas condiciones refuerzan la principal hipótesis del expediente: que los bienes no les pertenecerían realmente y que actuarían como testaferros para ocultar al verdadero dueño.
Las sospechas se intensificaron tras los allanamientos realizados en la mansión, donde se hallaron elementos que vincularían el inmueble con el tesorero de la AFA. Entre ellos, un bolso institucional de la entidad y objetos con referencias a un club del fútbol argentino relacionados con el entorno dirigencial. Además, varios de los vehículos secuestrados contaban con autorizaciones de manejo a nombre de familiares del dirigente.
El perfil de Pantano también es parte del análisis judicial. El imputado tuvo participación en el ámbito del fútbol, con antecedentes como dirigente en instituciones deportivas y vínculos con estructuras ligadas a la AFA, un dato que es considerado relevante dentro del contexto general de la investigación.
La compra de la mansión, realizada el año pasado por una suma cercana a los 1,8 millones de dólares, también está bajo la lupa. La operación inmobiliaria y el entramado societario que la respaldó forman parte de las medidas de prueba que buscan determinar el origen de los fondos utilizados y si existió un circuito de lavado de dinero.
La maniobra impulsada por la defensa para cambiar de juzgado podría derivar en una nueva dilación del expediente, aunque desde el ámbito judicial remarcan que la causa no se encuentra paralizada. El juez Aguinsky mantiene la potestad de seguir avanzando hasta que se resuelva la competencia, un punto clave para definir el futuro inmediato del caso.
El expediente, que involucra a figuras del poder deportivo nacional y un patrimonio difícil de justificar, sigue generando expectativa por su impacto institucional y judicial. Mientras se resuelve quién será el juez definitivo, la causa por la mansión en Pilar permanece abierta y bajo observación, a la espera de que las declaraciones pendientes finalmente puedan concretarse y arrojen luz sobre uno de los casos más sensibles del ámbito económico y deportivo argentino.
